SIRVIENDO AL CAPITAL

Terminaba de ver un video sobre la letrina donde han alojado a los médicos que han marchado a Iquitos, cuando escuché al presidente Vizcarra referirse a la falta de coordinación existente entre las instancias del Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades para combatir el coronavirus. Debo decir que no solo es falta de coordinación, hay cosas mayores que han saltado a la vista del país a lo largo de esta crisis sanitaria. Ellas tienen que ver con la propia estructuración del Estado peruano, visible en las precariedades del sistema de salud, pero evidentes también en otros espacios.

Fíjense en el tema de los bonos de auxilio a los pobres del país, que debieron jugar un papel clave en la estrategia de contención de la peste. Los listados de los beneficiados, a tantas semanas de sancionada la resolución, siguen presentando gruesas omisiones porque ninguna dependencia estatal, incluyendo los ministerios sociales tenían los listados en orden. Y si observamos la distribución en sí, tenemos que reconocer que hay errores y más errores, que a la hora de la verdad han complotado contra la misma estrategia sanitaria. ¿Cuántos hombres y mujeres se han infectado del coronavirus a la hora de agolparse en la puerta de los bancos? Lo vimos en Lima y Callao, y también en Iquitos o en Chiclayo, justamente las ciudades más golpeadas por la peste.

Y si tocamos el tema del agro y de los poblaciones indígenas, andinas y amazónicas, no queda piedra sobre piedra de los ministerios encargados de esos sectores. El hecho de que a la hora nona se hayan acordado de la importancia de un bono agrario para paliar las necesidades de los pobres del campo, es un indicador de lo que estamos diciendo. Y en cuanto a las poblaciones indígenas, no hay un día, en estas últimas semanas, donde los apus o los directivos de las mismas organizaciones no hayan lanzado angustiosos llamados de auxilio ante el avance de la plaga en sus localidades. La propia Defensoría del Pueblo se han pronunciado más de una vez sobre el particular, sin haber encontrado eco.

Ante este examen grueso, al que podríamos agregar otros hechos, tan o más graves, podemos ensayar una explicación. La pandemia nos está demostrando que ese Estado, no está estructurado para servir a los intereses de las mayorías nacionales.En principio, no se conoce el país, sus particularidades económicas, sociales, culturales, lingüisticas. Desde hace mucho los investigadores sociales señalaron tajantemente que no había que hablar de un solo Perú sino de varios Perúes. La diversidad es una de las constantes de este país, desde siempre. No es por azar que en los últimos días, a la hora de medir los avances de la pandemia se esté hablando y escribiendo sobre la imperiosidad de hablar de varias curvas epidemiológicas, y no solamente de una.

A la tecnocracia neoliberal que ha tomado el Estado por asalto, esa diversidad es lo que menos les interesa. Están en los puestos claves del Estado con un solo propósito: viabilizar a martillazos los sacrosantos intereses del gran capital. Los ministerios claves son los económicos. Ellos son los que más eficiencia están evidenciando en la presente crisis, y los que imponen el ritmo, con la anuencia por supuesto del Presidente Vizcarra. Las licencias otorgadas al extractivismo minero para seguir laborando durante la cuarentena, las movidas financieras a favor del gran empresariado, de las AFP con el concurso del BCR en este último caso, y las concesiones a la Confiep, son apenas unas pinceladas de la trascendencia de dichas dependencias. También por eso es que la famosa propuesta de imponerle un impuesto de solidaridad a los supermillonarios peruanos, quedó solamente en eso: en propuesta.

Debe quedar en claro que estoy lejos de negar la importancia de la estrategia sanitaria impuesta por el presidente Vizcarra en la presente crisis. Lo que destaco es que los supuestos errores, vacíos, limitaciones o descoordinaciones, que han torpedeado esa planificación no son circunstanciales, tienen un trasfondo estructural; al que debe incorporarse la corrupción galopante que se ha institucionalizado en las diferentes instancias estatales, a la que presumiblemente no escapa la propia Contraloría, el ente encargado de fiscalizar el buen manejo de los recursos estatales.

El trasfondo estructural de los fenómenos señalados debe ser colocado en la mira de quienes están interesados en las tareas a asumir en la pospandemia, para cambiar el estado de cosas reinantes. Hay cambios y cambios; hay incluso cambios que se imponen para que no cambie nada. Ya lo decía el gatopardo, en la famosa novela de Lampedusa: "Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie".