ASÍ NO JUEGA PERÚ

Tratando de refutar lo irrefutable, el Ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, Comisionado Presidencial para resolver el litigio entre el Estado peruano y la Universidad de Yale por la posesión de la colección Machu Picchu, acaba de emitir un comunicado en el que se esmera en insistir, al igual que en otras oportunidades, que el Memorando de Entendimiento suscrito entre los representantes peruanos y el centro de estudios señalado provee explícita e inequívocamente, en la Sección 3, punto "d", el reconocimiento de la titularidad del Perú sobre los materiales que conforman dicha colección.

El comunicado del Ministro obedece, así lo señala, a la publicación de una carta abierta firmada por un grupo de intelectuales peruanos que cuestionan el Memorando, por considerarlo lesivo a los intereses del Perú, que de acuerdo a la Constitución es el propietario y por ende debe ser el poseedor de todos aquellos objetos que Hiram Bingham extrajo de Machu Picchu y llevó a Yale, pero que nunca volvieron al país.

Debemos destacar, sin embargo que los intelectuales, entre los que figuran Walter Alva, Ruth Shady, Marco Martos, María Rostworoswski, Jorge Flores Ochoa y otros, en ningún momento han afirmado que Yale soslaye el reconocimiento de la propiedad peruana sobre la colección. Al contrario, ellos sostienen que aunque la propiedad del Perú sobre la colección se reconoce claramente en el Memorando, "este acuerdo refleja una actitud arrogante y prejuiciosa por parte de Yale, de denegar a Perú su derecho legal y moral de decidir con soberanía, sin condiciones ni tutela, en cuanto al futuro de la colección completa".

Aquí está el quid del asunto: el Perú es el propietario de la colección, pero el futuro de ésta, de acuerdo al documento suscrito por el Ministro Garrido Lecca, va a ser monitoreado por los especialistas de Yale. A esta pérdida de de la soberanía peruana sobre su patrimonio cultural (art. 21 de la Constitución peruana), Garrido llama "sólida colaboración de una de las universidades más importantes de los Estados Unidos y el mundo", a pesar de que en el propio Memorando se habla de un "Acuerdo de Administración en colaboración de los materiales arqueológicos Inca de Machu Picchu", con lo cual se deja sin juego a los organismos estatales que de acuerdo a ley son los únicos facultados para administrar el patrimonio cultural de la Nación.

De igual forma, si el Ministro afirma que Yale reconoce la propiedad del Perú sobre la colección, ésta, en su conjunto, debe ser de repatriada de inmediato. Pero tan grave es la concesión que Garrido no ha podido dejar de admitir que el conjunto de la colección Machu Picchu, compuesta de 4000 piezas, no volverá al Perú. En efecto, en el comunicado del Comisionado se lee: "de prosperar un acuerdo final, buena parte de las piezas "no museables" retornarán al Perú conjuntamente con las museables".

En ninguna parte del mundo "buena parte" es lo mismo que totalidad. Si quedaran algunas dudas bueno es recordar que en setiembre del 2007 las autoridades de la Universidad de Yale, en un comunicado dijeron que el acuerdo entre las dos partes estipula que "el Perú compartirá con Yale los derechos sobre la colección de investigación, parte de la cual permanecerá en Yale como objeto de investigaciones en curso".

De que propiedad entonces hablamos si no podemos ejercer nuestros derechos sobre la colección Machu Picchu. Como suele decirse: así no juega Perú.

COMO SIEMPRE,

DE RODILLAS

Una carta abierta de connotados intelectuales peruanos, recientemente publicada en un diario local, ha puesto al descubierto la verdadera naturaleza del llamado Memorándum de entendimiento suscrito entre los representantes del gobierno peruano y la Universidad norteamericana de Yale, en relación a la devolución al Perú de los materiales de la "colección Machu Picchu" que Hiram Bingham se llevara del país desde 1911, y cuyos plazos de devolución - de acuerdo a las autorizaciones de salida- vencieron largamente.

Aunque los negociadores del gobierno, presididos por el Ministro Hernán Garrido Lecca, dijeran muy entusiastamente que habían logrado que Yale reconociera " la propiedad irrestricta y absoluta" del Perú de los materiales en litigio, lo cierto es que en los hechos tal aceptación no existe, pues de lo contrario no habrían condicionado la devolución de las piezas al cumplimiento de determinados requisitos: construcción en el Cusco de un Museo y de un centro de investigación con presencia decisoria de los representantes de Yale, que definirán los objetos a ser expuestos; derecho de usufructo de la entidad norteamericana sobre toda la "colección Machu Picchu" mientras no se construya el Museo, usufructuo que puede extenderse hasta 99 años más si es que dicha edificación no se concluye; retención por Yale y por un tiempo indefinido, de aquellos objetos destinados a la investigación; sujeción a los tribunales norteamericanos por cualquier controversia que pudiera surgir en el cumplimiento del Memorándum de entendimiento.

Los negociadores han burlado el artículo 21 de la Constitución peruana que a la letra dice: "Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico... son patrimonio cultural de la Nación", en cuya perspectiva no hay nada que discutir con los señores de Yale en cuanto a la propiedad y posesión futura de la colección, mucho menos aceptar sus condiciones arbitrarias para la devolución de lo que nos pertenece.

Según los especialistas, Yale tiene en su poder más de 4000 piezas obtenidas del propio Machu Picchu, de los cuales la Universidad ha aceptado devolver 384. Esta sola actitud de querer devolver la cantidad de objetos que ellos desean, es de por sí condenable, Yale tiene que entregar todo el patrimonio que pertenece a los peruanos, no puede retacearlo. Según Luis Lumbreras, ex director del Instituto Nacional de Cultura, Yale sólo quiere regresar lo que a criterio de sus especialistas son objetos museables. Doblemente condenable: no se puede cercenar así el raciocinio y la lógica de nuestros arqueólogos para exhibir tales o cuales objetos, de acuerdo a sus criterios técnicos, educativos, propagandísticos, etcétera.

Explicando este hecho, el mismo Lumbreras, bajo cuyo patrocinio se entablo juicio a la universidad citada, ha dicho que los negociadores "no tienen la menor adhesión por las cosas que simbólicamente son importantes para los peruanos". Yo diría que además, como ocurre con negociaciones como el de la deuda externa, los funcionarios peruanos no van a negociar, van a aceptar imposiciones; en otros términos, en el asunto de la "colección Machu Picchu", han ido de rodillas. Los resultados los tenemos a la vista.