CIEN DÍAS
PARA EL OLVIDO
Carlos Olazo Sillau
Los primeros 100 días del gobierno de Ollanta Humala parecen haber satisfecho más a sus enemigos jurados de la campaña electoral, que a los votantes que lo llevaron a Palacio.
En efecto, una mirada ligera a los juicios emitidos por los representantes de la ultraderecha económica y política, nos muestra el consenso unánime sobre una acertada marcha del gobierno en el plano económico, y en la crítica a los conocidos escándalos de corrupción, la misma que no oculta cierta cínica satisfacción por proveerles del instrumental inmejorable para seguir arrinconando a quien veían hasta hace poco como el mayor peligro para sus intereses. Ni el fujimorismo, ni siquiera la embajada norteamericana, han desentonado en este coro.
Para los sectores políticos de izquierda y elementos conscientes del pueblo que depositaron su confianza en quien ofreciera “la gran transformación”, la cosa ha ido pasando de un inicial entusiasmo, a una posterior exigencia del cumplimiento de sus promesas expresada en la marcha nacional del 12 de octubre, hasta llegar a un estado de incertidumbre y de desazón en unos, o de total desengaño en otros. También es cierto que en el seno del gobierno existen importantes sectores que deben estar afligidos por lo que viene sucediendo.
Si bien, como dicen algunos analistas, cien días de un gobierno no son suficientes para formarse un juicio acabado sobre el mismo, sí son más que suficientes para saber cual es su derrotero, más aún cuando en nuestro caso no existía más que una disyuntiva: iniciar la transformación del país o mantener el “statu quo” Las alabanzas de la derecha no pueden expresar sino esto último, salvo que alguien esté pensando que de la noche a la mañana nuestra clase dominante históricamente decrépita, inmoral, entreguista, opresora, elitista, discriminatoria, sanguinaria, y un largo etcétera de similares cualidades, se hubiera trocado en una burguesía blandengue, lúcida y bien intencionada.
Lo que parece suceder, a tenor con los acontecimientos, es que asistimos a la consolidación de esa derecha que fuera derrotada en las elecciones pasadas. No sólo habría logrado asegurar el rumbo económico del gobierno en consonancia con sus intereses, sino que estaría consiguiendo que lo sustantivo, lo esencial y paradigmático de su pútrida naturaleza se perpetúe. ¿El caso Chehade no reúne acaso los ingredientes de sinverguencería, soborno empresarial a lo grande, festinación (aunque quedase a medio camino) de trámites, tráfico de influencias, tan propio de lo más oscuro del fujimorismo, del aprismo y de ese empresariado que con pésimas artes se viene adueñando del país?
Se podría aceptar el argumento de que es éste un caso aislado que no compromete al gobierno en conjunto. Pero, por qué entonces la bancada gobiernista y el mismo premier dejaron sin piso al congresista Javier Diez Canseco, al que habían reconocido explícitamente (o al menos tácitamente) como presidente de la megacomisión que investigará a Alan García, luego de la avasallante campaña de demolición orquestada por la ultraderecha, en complicidad manifiesta con un aliado y un parlamentario gobiernista en dicha comisión? Se pueden ensayar muchas respuestas y explicaciones indulgentes. Pero lo cierto es que la corrupción celebra, bate palmas.
Volviendo al emblemático caso Chehade. César Hildebrandt, con su habitual perspicacia, apenas conocido el caso llamó la atención sobre el papel del grupo Wong que, siendo parte del problema, sin embargo no merecía la atención de nadie. Luego casi todos los analistas y algunos medios escritos han tocado el asunto con mayor o menor insistencia. Para nosotros este factor es tan o más importante que la conducta de tal o cual funcionario porque vuelve a poner sobre el tapete el recurso principal (ilegal, inmoral y cínico) de la burguesía peruana para acumular y controlar cada vez mayores resortes de la economía y del poder. Un breve recuento de hechos: El grupo Wong adquiere acciones de Andahuasi en forma fraudulenta por 50 millones de dólares, previamente había experimentado un vertiginoso crecimiento en los años del fujimontesinismo salpicado de timos, latrocinios y actos dolosos apañados por el régimen de entonces. Luego de negociar con los chilenos, decidió entrar a la producción azucarera a partir, justamente de Andahuasi, en un momento de auge de este producto prácticamente monopolizado por el Grupo Oviedo conocido por sus actos criminales, sus métodos gansteriles y de dolosos recursos legales para hacerse del control de ex cooperativas lambayecanas, y por el Grupo Gloria cuyo desarrollo y consolidación al amparo fraudulento del primer gobierno de Alan García son ampliamente conocidos.
¡Acabar con esta práctica es un objetivo de cualquier lucha anti-corrupción señores moralizadores! Que la derecha silbe mirando al techo es natural, pero que el gobierno después de que su vicepresidente fuese ampayado colocando un eslabón más de esta cadena sin que mereciera una denuncia política oportuna, firme y profunda, y de que, por si fuera poco, su parlamentario más calificado se haya visto forzado a renunciar a su comisión investigadora, estaría indicando que no existe verdadera intención, no de una gran, sino siquiera pequeña transformación.
Que no todo es negativo, cierto. Pero un balance crítico para que sea constructivo tiene por fuerza que ser integral. Veamos el caso de Beca 18, que es, desde luego, importante. Si hacemos un poco de memoria recordaremos que un programa similar se puso en marcha durante el gobierno anterior, sin que ello significara nada especial respecto a la problemática educativa del país. Más todavía tenemos que recordar que la educación superior pública es teóricamente gratuita, es decir se supone que los estudiantes universitarios de este sector son todos becarios ¿Qué de especial tendrían las becas de este programas sino orientarse a las universidades privadas? De ser así el gobierno de la gran transformación estaría postergando la necesaria revolución educativa que tiene en el potenciamiento de la educación pública orientada a un proyecto de desarrollo nacional como vértice, en favor del inmediatismo efectista de un programa superficial.
En el mismo tenor tenemos que juzgar Pensión 65 que sin un programa orientado a la agricultura más deprimida del país no pasa, con todo lo importante y significativo que pueda ser, de un paliativo. El Ministerio de la Inclusión, pareciera encaminarse también por este asistencialismo, cuyas razones se explican en un artículo aparte de esta edición de CONVERGENCIA POPULAR.
En lo económico el gobierno mantiene, como todos sabemos, el rumbo que tanto satisface a los grupos de poder, es decir el modelo neoliberal mondo y lirondo, con lo que habría dicho adios a la “economía nacional” que enarboló como alternativa. Por ello es que el mismo presidente Ollanta Humala ha declarado que respetará todos los contratos firmados, entre los que se incluyen por cierto aquellos leoninos con la mineras y petroleras que han despertado las justificadas iras de los pueblos andinos y amazónicos afectados por los mismos.
En su entrevista-balance de los primeros cien días, el presidente se definió como “pragmático”. Dejamos por hoy de lado lo que ello puede significar en el actual contexto, pero los antecedentes al respecto no son nada alentadores. Recordemos no más que en los mismos términos se definió Fujimori cuando empezó a hacer trizas sus promesas del “no shock” para imponer el modelo que hasta hoy padecemos.
No podemos decir que esperamos una resurrección del Ollanta candidato con su verbo inflamado en contra de las lacras del país, porque en CONVERGENCIA POPULAR, siempre supimos que un proyecto de transformación, ni siquiera maximalista, sino aquél que es posible hoy y bajo este sistema, requiere más que de un líder o caudillo bien intencionado, de organización política con disciplina y método, insertada en las masas y animada por ellas, con cuadros bien formados ética y doctrinariamente en la escuela de la lucha política y no con aquellos mequetrefes sin más trayectoria ni recursos que el dinero o la astucia para abrirse paso centellante hacia las mieles del poder y que terminan por enlodar aún más nuestra desacreditada política. Pero podemos esperar, sí, que las fuerzas más sanas del gobierno pongan freno a lo que puede estar llevándolo al despeñadero y, sumando fuerzas con los movimientos y organizaciones populares, recomponiendo y ampliando la alianza Gana Perú, insistir en asegurar un gobierno que logre sacudirse de la derecha.
Ante esta situación gubernamental errática y en la que las crisis internacional amenaza con desestabilizar la precaria estabilidad de nuestra economía y agudizar aún más los latentes conflictos sociales, es preciso insistir en nuestro llamado a la unidad de todas las fuerzas populares y de izquierda para levantar una alternativa independiente, popular, democrática, de masas, que es el objetivo de CONVERGENCIA POPULAR. Para nosotros la lucha fundamental sigue siendo contra la derecha económica y política más cavernaria y contra ella debemos marchar involucrando a los sectores sanos y progresistas del actual gobierno.
Trujillo 8 de noviembre del 2011
