NECESIDAD DE REDISEÑAR

EL PODER Y EL ESTADO

Carlos Olazo Sillau

La referencia a la Constitución de 1979 que hiciera el nuevo presidente al juramentar, y la ola de críticas, apoyos y comentarios desencadenados luego, han reavivado la vieja polémica en torno al Estado y sobre la conveniencia o no de los cambios constitucionales. En último análisis, el debate se ha planteado en los términos de siempre: si el Estado debe intervenir o no en la economía.

Sin embargo, tal dicotomía no es la que debiera acaparar nuestra atención. Existe al respecto un asunto más importante: ¿Cuál es el papel real, histórico y no sólo nominal y jurídico del Estado, y, en consecuencia, cómo se organiza social y políticamente? Si no abordamos estos puntos sustanciales y persistimos en aquella falsa disyuntiva, nos mantendremos, como hasta hoy, en el círculo vicioso de alternar entre un modelo u otro cada vez que lleguen a un punto de agotamiento o de crisis.

El Estado neoliberal diseñado en la Constitución de 1993, no lo olvidemos, fue propuesto como la opción jurídica no sólo a la de 1979 sino al modelo económico estatista sumido en crisis, a fin de que sirviera de marco legal al proceso privatista puesto en marcha por el fujimorimo. Ahora, agotadas las posibilidades del neoliberalismo, se vuelve nuevamente la mirada al Estado promotor y regulador. “Más Estado” es la consigna ante la manifiesta persistencia de los males de fondo del país luego de veinte años de experimento neoliberal. No dudamos que su implementación por el nuevo gobierno pueda conseguir una serie de mejoras importantes, toda vez que el desmantelamiento del Estado y el abandono de necesarias políticas públicas para favorecer a la inversión privada, ha profundizado las contradicciones sociales en amplios sectores nacionales.

Pero, insistimos, sin alterar la sustancia del Estado y de las relaciones económicas que lo nutren, estas posibles mejoras quedarán a medio camino, y nuevas contradicciones generarán otras crisis que a la postre crearan las condiciones que justifiquen el retorno al Estado precedente.

Los puntos críticos más evidentes en ambas formas de Estado, radican, primero, en su atadura, vía gobernantes, burocracia y cientos de nexos, (los “poderes invisibles” según Norberto Bobbio) a las grandes corporaciones económico-financieras externas y a los grupos de poder locales; y, dos, en su organización burocrático-represiva. Ambas responden a las exigencias de la dinámica económica y a los beneficiarios directos de la misma, que ¡vaya coincidencia! siempre son los mismos. Esta es la razón última de su inviabilidad. Es por ello que la discusión entre “estatistas” y liberales, es ya para nosotros un pasadismo.

La exigencia de nuestro tiempo es superar tanto el carácter elitista, o de instrumento del poder económico del actual Estado, así como su estructura burocrática que lo coloca por encima y en contraposición, en conflicto permanente, contra una población marginada, excluida, oprimida.

Desde esta óptica, una nueva Constitución carecería de perspectiva si no responde a un cambio de modelo económico como parte de un rediseño integral en función de las mayorías, plasmado como proyecto económico, social, cultural, jurídico, de nueva sociedad y de nuevo país, que rompa la actual subordinación a los grandes intereses económicos y que reformule también la democracia parlamentaria actual, que si algún papel cumple con eficiencia, es justamente encubrir el real manejo del poder por los grupos dominantes, distorsionando, a su vez, la verdadera realidad de un pueblo oprimido, impedido de ejercer sus derechos a plenitud, y de participar directa y protagónicamente en los asuntos de Estado y de gobierno.

Antes que más Estado, el país requiere de un Estado cualitativamente superior, soberano, autónomo, que se edifique democráticamente, no sólo mediante la representación en la actuales instancias de gobierno nacional o locales, sino también a partir de estructuras de base de la población, atendiendo a su naturaleza multi-étnica, pluricultural y pluri-lingüìstica, de tal forma que se garantice su participación efectiva en los distintos niveles de discusión, ejecución y SOBRE EL PORfiscalización de las diversas políticas.
Un Estado de tal naturaleza debiera responder, por supuesto, a una economía soberana y democráticamente planificada, opuesta, por tanto, a la lógica vorazmente lucrativa, depredadora, antipopular e irracional del neoliberalismo. Entonces será factible aplicar con éxito políticas de libre mercado o controles macroeconómicos (o ambos complementándose supeditados a un plan nacional), manejar inversiones públicas, facilitar las privadas, instrumentar regímenes de propiedad sociales, públicos, comunales, privados o mixtos, etc. de acuerdo a las exigencias y posibilidades concretas.

Las importantes propuestas esbozadas en el discurso de Humala, resumidas en “más Estado e inclusión social”, que por razones de realismo pragmático (o en el caso de algunos de sus promotores, por limitación de miras o por algún interés manifiesto) apuntan a cambios necesarios, aunque aún superficiales, no deben hacernos perder de vista la perentoria labor de educación, organización y lucha por una solución de fondo, estratégica, de este problema.

Trujillo, agosto de 2011