I
Desde que los primeros europeos pisaron esta parte del mundo,
la Amazonía estuvo en el centro de su atención por las leyendas que la rodearon.
Una de ellas, la supuesta existencia de El Dorado en las profundidades de la
enmarañada selva, lanzó a Gonzalo Pizarro, en 1541, a una desventurada
expedición que le costó la vida a la mayoría de sus integrantes. ¿Qué decía esa
leyenda que hasta el presente pareciera que sigue viva en el imaginario
empresarial y estatal? Pues que en algún lugar de la jungla amazónica había un
rey que anualmente se pintaba el cuerpo con oro en polvo, que luego pasaba a
despintárselo en un lago de esos parajes. Año a año, siglo a siglo, el ritual
había permitido que ese lago prácticamente estuviese alfombrado en oro… Pizarro
y los sobrevivientes de su expedición regresaron medios muertos a su punto de
partida, pero pese al fracaso, la leyenda siguió alentando nuevos viajes, que
incluyó de tanto en tanto el vaciado de algún lago considerado como el lago
donde los reyes nativos se limpiaban el cuerpo del reluciente oro…
Esa leyenda pareciera haberse reavivado en las primeras
décadas de este siglo. En torno a la Amazonía peruana, en palabras de Marc
Dourojeanni (2010) gran conocedor del tema, “nunca antes en su historia se
habían concentrado tantos proyectos” para la explotación de los
recursos naturales que encierra en su seno, incluyendo propuestas sobre
infraestructuras públicas.
Siempre según el mismo autor, la minería abarca más de 10
millones de hectáreas, la explotación o búsqueda de hidrocarburos se extiende a
más del 70% de la selva, mientras que del total de proyectos de construcción de
centrales hidroeléctricas, 26 están propiamente en la Amazonía, como las que
están previstas en los ríos Inambari, Ene y Marañón. Pero, si además se trata de
carreteras, sin incluir a las interoceánicas Sur y Norte, Marc Dorojeanni,
estima que sobre los 8000 kilómetros contruidos, el gobierno consideraba, hasta
el año 2021, la construcción de 880
kilómetros adicionales, el asfaltado de 2089 kilómetros y la mejoría de otros
1517 kilómetros, sin contar ferrovías e hidrovías.
¿Y la minería aurífera informal? ¿Y la galopante
deforestación? En ambos casos, los niveles de explotación irracional, como en
el caso de Madre de Dios, han llegado a niveles alarmantes. En este último
caso, afirmaba, ya estaban concedidas 7.7 millones de hectáreas para la
explotación formal de la madera, pero que informalmente toda la selva había
sido prácticamente copada; a lo que
debería adicionarse el establecimiento de plantaciones para combustibles, con
una proyección de casi medio millón de hectáreas dedicadas a este rubro, con
los que supuestamente se estaría contribuyendo a reducir la adicción a los
combustibles fósiles.
II
Los impactos ambientales y sociales, corolario inevitable de
actividades extractivistas como las señaladas, son preocupantemente negativas. En
una declaración reciente, un foro de expertos en estos temas ha señalado que “La
Amazonía está en riesgo. La situación ambiental se está agravando,
manteniéndose graves ritmos de deforestación, pérdida de la biodiversidad y
funcionalidad climática y una ocupación territorial desbalanceada” (Declaración
del Panel Internacional en Ambiente y Energía en la Amazonía, Lima, 7-8 de
agosto de 2012).
Socialmente, los impactos directos e indirectos no son menos
alarmantes. Los llamados conflictos socioambientales, como los de Bagua y Madre
de Dios – por citar solo 2 casos- se han
multiplicado a lo largo y ancho de la Amazonía, y la trascendencia de los
mismos, desde el ángulo de los intereses de los pueblos indígenas, olvidados o
ninguneados a pesar de contar con una normatividad internacional favorable, los
ha permitido llevar sus casos hasta las conrtes internacionales.
Destacan así: el Informe presentado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su 138 periodo de sesiones por la Central
Ashaninka del río Ene (CARE) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación
Práctica en torno a la Situación de Vulnerabilidad del pueblo asháninka
relacionadas con las actividades energéticas- Perú (marzo de 2010); y el
Informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su
140 periodo de sesiones por organismos defensores de los derechos de los
pueblos indígenas: Afectación de derechos de los pueblos indígenas del Perú en
relación con las Políticas Energéticas y Extractiva.
Gran parte de estas consideraciones habrían pesado en el
ánimo del Panel Internacional de expertos arriba citado como para sostener que
la Amazonía “…no puede abastecer el consumo de todos los mercados nacionales y
globales, ya que ello llevaría a su destrucción”. Razón más que
suficiente para que como corolario de sus discusiones, en particular de sus
reflexiones sobre el tema de las centrales hidroeléctricas, hayan considerado
pertinente proponer una moratoria en su construcción, decisión que consideran
debería extenderse a los megaproyectos
de minería e hidrocarburos.
III
El tema de la construcción de las centrales hidroeléctricas
en la Amazonía peruana es uno de los más controvertidos, por las complejidades ambientales,
económicas, sociales y geopolíticas que encierra. Para empezar, el agua es uno
de los recursos naturales de mayor importancia estratégica en el mundo, no por
algo se sostiene que si en el pasado siglo XX no pocas de las confrontaciones
bélicas más importantes a nivel mundial fueron por el control del petróleo, el
siglo XXI podría presentarnos las guerras por el agua, riesgos que se acrecientan por los severos
efectos que está ocasionando el cambio climático.
Los especialistas señalan que en América del Sur existen 3
grandes mantos acuíferos: la cuenca del Amazonas, la del Marañón y el sistema
acuífero Guaraní. El control de estas aguas, por parte de los países que
comparten la floresta amazónica, les da, entre otras ventajas estratégicas, un
enorme potencial de energía hidroeléctrica. Desde esta perspectiva no es casual
que desde abril del 2009 Perú y Brasil comenzaran a asumir compromisos, al más
alto nivel, para la construcción de un número no precisado de represas en los
ríos de la selva peruana, con el fin de dotar de energía eléctrica,
principalmente al país vecino y secundariamente a nuestro país.
Según Marc Dorojeanni (2011) las 6 hidroeléctricas
priorizadas por Brasil, que llevaba la voz cantante en las tratativas, fueron:
Inambari (2000 MW), Sumabeni (1074 MW), Paquitzapango (2000 MW), Urubamba
(940), Vizcatán (75 MW) y Chuquipampa (800 MW), con las consiguientes líneas de
transmisión que serían incorporadas al sistema brasileño. Inambari sería, por
la generación de energía, la más importante del Perú y la quinta en América
Latina.
Desde un inicio los alcances de las tratativas entre los gobiernos de Perú y
Brasil fueron manejados con mucha reserva, pero apenas comenzaron a trascender,
desde diversos compartimentos sociales se fueron alzando reclamos y
cuestionamientos a los mismos. Actualmente, la ley del acuerdo energético entre
los dos países está en el Congreso de la República, específicamente en las
Comisiones de Relaciones Exteriores y de Pueblos Indígenas, Ambiente y
Ecología. Antes de ser visto en el pleno congresal ambas Comisiones deberán
emitir sus respectivos dictámenes, pero desde ya se prevé una gran discusión
por las múltiples observaciones presentadas al mencionado acuerdo.
IV
La primera de estas
observaciones es que sea cual sea el ángulo desde el que se analicen esos
acuerdos, Brasil será el gran beneficiado. Para nadie es un secreto el
posicionamiento actual de ese país en el mundo, que le permite tutearse con las
clásicas grandes potencias mundiales. Su estrategia de desarrollo en América
Latina pasa por consolidar su crecimiento interno para lo cual le es
indispensable la interconexión energética con el Perú, que alcanzará, dicen los
analistas, a un precio bastante elevado para el Perú.
En otras palabras, Brasil es el principal interesado en sacar
adelante esas centrales hidroeléctricas dada su proyectada demanda energética,
que forma parte de su estrategia nacional de desarrollo. El Perú, se señala, no tiene delineada una
política energética, tampoco tiene en claro su demanda a futuro, y en cuanto a
un plan de desarrollo nacional o planes regionales, el déficit es bastante
conocido. Sin embargo, los cálculos más optimistas, como las que efectuó el
Colegio de Ingenieros del Perú en octubre del 2009, indican que si el Perú
tenía en ese año una demanda de 4.5 GW, con un promedio de crecimiento anual
del PBI a sólo 5%, dentro de 30 años esa
demanda no sería menor a 36 GW.
¿Dónde obtener esa energía para las generaciones futuras si
ahora comprometemos nuestros recursos en beneficio de otros? se preguntaban los directivos del
Colegio en un comunicado público, en el que requerían atender prioritariamente
el consumo interno del Perú, además de exigir que en el tratamiento del tema de
las centrales hidroeléctricas: embalses, centrales, zonas de influencia,
caminos de acceso, deberían salvaguardarse los derechos humanos, políticos y sociales
de las poblaciones afectadas por la construcción de las obras; del mismo modo
que señalaba las obligaciones de proteger fauna y flora silvestre.
Lo expresado por el Colegio de Ingenieros en lo que a impactos
ambientales y sociales se refiere es apenas una pálida referencia a los riesgos
que esas obras entrañan y que constituyen otro de los puntos controvertidos.
Por ejemplo, en el caso de Inambari, se estima que con un
embalse de aproximadamente 400 Km2, dejaría bajo el agua tierras hoy cubiertas
por bosques primarios; el mismo que inundaría 100 kilómetros de la carretera
interoceánica sur, más bosques primarios. Asimismo, el embalse desplazaría a
5000 personas e impactaría en otras 3000, más abajo del embalse, afectando tierras de comunidades indígenas y en la zona
de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
En el caso de Pakitzapango, el asunto es tan o más grave que
el proyecto Inambari. En el informe
Situación de Vulnerabilidad del pueblo asháninka relacionadas con
actividades energéticas-Perú, citado líneas arriba, se denuncia que la concesión se superpone
sobre diez comunidades indígenas (que reúnen aproximadamente a 2000 familias
asháninkas) cuyos territorios están debidamente reconocidos y titulados por el
Estado peruano. Ninguno de estos pueblos, a pesar de la vigencia de una
normatividad internacional de carácter vinculante para el Estado, ha sido informado ni consultado sobre el particular.
Lo mismo ha ocurrido con los centros poblados de colonos que están en el área
de la concesión.
V
El rechazo era inevitable. Tanto en Inambari como en
Pakitzapango los pueblos afectados, indígenas o no, con el apoyo de la mayoría
de sus autoridades y la sociedad civil, han logrado paralizar momentáneamente
los proyectos hidroeléctricos, pero las intenciones de sacarlos adelante están
ahí, latentes. En mayo de este año, Bruce Babbit, un alto funcionario del
gobierno norteamericano, especialista en salvaguardas ambientales, ante la
llegada de la presidenta de Brasil a Lima escribió en El Comercio que ella
llegaba con un paquete de inversión de cinco hidroeléctricas en la selva
peruana “para derivar energía a ciudades e industrias de Brasil”.
Esas represas, decía, se construirán en el corazón cultural y
ambiental de la Amazonía peruana, cerca de 3 áreas protegidas: Parque Nacional
del Manu- Patrimonio Natural de la Humanidad- el Parque Nacional de Bahuaja
Sonene y el Parque Nacional Alto Purús, mientras que una cuarta estará dentro
del Santuario Nacional Megantoni, en el Pongo de Mainique.
Babbit, revelaba públicamente su disconformidad y algo más,
alertaba sobre los riesgos de conflictos sociales en esas áreas, dado el
impacto social que la construcción de las hidroeléctricas podía ocasionar. “Tan
apreciados parajes de la Amazonía peruana no deberían transformarse en una
suerte de colonia hidroenergética brasileña”, sentenció el funcionario.
VI
¿No es posible construir una hidroeléctrica sin los altos
costos ambientales y sociales que señalan los expertos? Aparentemente se
estaría ante un callejón sin salida. Lo cierto, empero, es que hay 2 vertientes
que no están siendo tomadas en cuenta, si de hidroeléctricas se trata: las
potencialidades de la Costa y de las partes altas de los Andes – con grandes
gradientes altitudinales- para construirlas. Sobre este tema, Carlos Herrera
Descalzi, ex ministro de Energía y Minas y quien liderara, desde el Colegio de
Ingenieros del Perú el reclamo de preservar el interés nacional en las
tratativas con los brasileños, es de la siguiente opinión, sustentada en Le
Monde Diplomatique:
“Si el Perú necesita desarrollar su potencial hidroeléctrico.
Lo racional sería agotar primero las fuentes del Pacífico y la alta montaña,
antes de emprender la explotación amazónica, ganando una tregua para subsanar
la inexistencia de un plan de aprovechamiento amazónico y para elaborar y hacer
madurar proyectos, hasta reducir su impacto a lo realmente tolerable”.
La otra vertiente la señaló el propio Babbit en el artículo
periodístico citado: la existencia de lo que podría ser un buen referente de
una hidroeléctrica racionalmente trabajada. Se refería a Chaglla, en el
departamento de Huánuco, que está cumpliendo con los estándares ambientales exigidos
por el Banco Interamericano de Desarrollo, principal financista de la obra y
con la normatividad existente que salvaguarda los derechos de los pueblos
afectados directa o indirectamente por la hidroeléctrica, con lo cual se
mitigan los inevitables impactos.
El cumplimiento de estos prerrequisitos ambientales y
sociales le dan sustentabilidad al proyecto, lejos de los embalses y
desplazamientos masivos y coercitivos de las poblaciones afectadas. La ubicación
del lugar donde construir la represa y el diseño, son factores importantísimos,
como también es clave incorporar los criterios ambientales y sociales a la
variable económica clásica, estrictamente de menos costo, como lo refieren los
expertos.
En este sentido cobran vigencia las evaluaciones ambientales,
y cabe aquí destacar la proyección de las evaluaciones ambientales estratégicas
(EAE) en su diferencia con los conocidos estudios de impacto ambiental (EIA).
Las primeras son evaluaciones integrales, que toman en consideración los
aspectos económicos, ambientales y
sociales, con una trascendencia de
mediano y largo plazo; mientras que los segundos constituyen herramientas de
naturaleza operacional, que funcionan a escala de un proyecto específico y son
de corto plazo.
Si medimos Chaglla – entre los distritos de Chaglla y
Chinchao en la provincia de Pachitea- con estas referencias básicas, nos
encontramos con un proyecto que desde su ubicación estaría marcando la
diferencia. Según los estudios de impacto ambiental, los efectos no van a ser
mayores. ¿La razón? Está ubicada en los Andes, con una gran caída de agua. Dos
datos más: no está cerca de áreas naturales protegidas y las relaciones con los
pueblos de los alrededores no son conflictivas.
Con ese proyecto, que entraría en operaciones en el
2016, se aprovecharían las aguas del río
Huallaga para la generación eléctrica y la central contaría con una potencia
total de 406 MW generando 2500 GWh (gigavatios hora) al año, que la posicionará
como la segunda hidroeléctrica más grande del país. La primera es la
hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo.
VII
La posibilidad de que las evaluaciones ambientales cumplan
con su cometido, para que los proyectos hidroeléctricos o de otro tipo alcancen
los estándares requeridos, es una de las preocupaciones de todos los actores
comprometidos en esas actividades, particularmente de la sociedad civil,
bastante sensibilizada por las denuncias y conflictos socioambientales. Sobre
el particular es importante consignar la reciente creación del Servicio
Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles
(SENASE) que se encargará de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental con lo
que se aspira, desde el gobierno, a mejorar la gestión ambiental peruana.
Con todo lo trascendente que el reforzamiento de la
institucionalidad ambiental pueda ser, sin embargo hay problemas de fondo que
no se pueden soslayar, relacionados con una práctica enraízada en el quehacer
económico, promovida desde los sectores sociales interesados en mantenerla por
los siglos de los siglos. Me refiero al extractivismo, presente en la Amazonía
desde la explotación de los minerales,
petróleo, gas, agroindustria, madera y que creo alcanza también al tratamiento
del agua como insumo fundamental de las hidroeléctricas.
Vale la pena aquí recordar al ex presidente Alan García y sus
escritos sobre el perro del hortelano, publicados en el diario El Comercio de
Lima. “Ahora que el petróleo aumenta y seguirá aumentado su precio, debemos
pensar en la generación eléctrica que es renovable, casi eterna y limpia. Y
pensar su uso y su venta en términos continentales. Grandes centrales
eléctricas, hechas sobre el Marañón y en las caídas del bajo Urubamba nos
permitirán vender energía a Ecuador, Colombia, Chile, Brasil. Pero eso tienen
que hacerlo grandes capitales privados o internacionales que necesitan una
seguridad de muy largo plazo para invertir miles de millones y para poder
recuperar sus inversiones”.
Corría octubre de 2007 cuando el ex mandatario publicó esos
textos, de cuya letra y espíritu brotan las razones por las cuales, en el caso
de las hidroeléctricas, impulsó el tratado energético con Brasil y su
materialización inmediata, en reserva y sin atender la normatividad
internacional que desde años atrás salvaguarda los derechos de los pueblos
indígenas. En setiembre de 1991 había entrado en vigor el Convenio No 169 de la
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en tanto que
en setiembre de 2007 las Naciones Unidas aprobó su Declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
El raciocinio de García, valedero para toda la Amazonía y sus
recursos naturales, está presente en el Perú, con toda su crudeza desde el
siglo XX. El desarrollo del capitalismo, impulsado por los capitales foráneos y
locales, en la minería, petróleo, agro de exportación, etcétera, se ha amparado
en el criterio de explotar al máximo los recursos naturales, venderlos al
exterior y obtener divisas para promover el desarrollo del país. Desde 1990 esa
manera de pensar el desarrollo, sin parámetro ambiental y social alguno, ha
sido una constante en la economía peruana, los resultados están a la vista: la
degradación del suelo, el maltrato al medio ambiente, la desaparición de los
ecosistemas, la multiplicación de las confrontaciones sociales, etcétera.
Por eso es que creo que hay una discusión de fondo que
todavía no es abordada con toda la seriedad que el caso requiere: la
viabilidad, si de desarrollo sustentable hablamos, de los paradigmas
explotativos actualmente vigentes en el país. Concuerdo con Gudynas: hay apego
a las viejas ideas y existen dificultades para imaginar alternativas. Lo que él
denomina neoextractivismo, presente en algunos gobiernos progresistas de
América Latina, no es sino una continuación con algunos retoques – más
impuestos a las empresas extractivas, para combatir la pobreza, por ejemplo- de
las viejas fórmulas que consideran que los recursos naturales, incluidos los de
la Amazonía, son eternos, inacabables.
De ahí que surja la necesidad, sin bajar la guardia en lo que
a salvaguardas ambientales se refiere, tratar de colocar en la mesa de debates
el tema de la viabilidad o no, para encarar el desarrollo sustentable a lo
largo del presente siglo, de los
actuales raciocinios extractivistas que se han consolidado en el imaginario
social con la preeminencia del neoliberalismo en esta parte del mundo.
Lima, diciembre de 2012
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