La derecha peruana, arrinconada en estos últimos tiempos por los temas de la vacancia presidencial, el indulto trucho y las corruptelas en las que está metido hasta el cogote, está tratando de sacar cabeza. Fiel a su trasnochado libreto, quiere subirse al carro del repudio y la indignación generados por un execrable crimen contra una niña en San Juan de Lurigancho, poniendo la pena de muerte para esos pervertidos en la agenda del debate político.
En torno a esa maniobra, hay detalles que la ciudadanía no puede pasar por alto.
No es la primera vez que ante situaciones críticas por las que atraviesa, la derecha en el poder trata de oxigenarse con propuestas de medidas radicales, en este caso la pena de muerte. Arman barullos, mueven a sus ideólogos y publicistas, le dan cuerda a sus operadores políticos...y cuando han conseguido sus propósitos distractivos, pues se olvidan del asunto.
En otras palabras quieren bajarle los decibeles a la indignación ciudadana, que se ha expresado en calles y plazas hasta en 5 oportunidades, desconcentrarlas y llevarlas a una discusión polarizante sobre la pena de muerte. Aunque en esta oportunidad, maniobrando sobre el dolor de la repulsa popular al crimen, tratan de generar condiciones subjetivas que lleven al país a retirarse del Pacto de San José de Costa Rica, aparentemente para poder aplicar la pena de muerte.
Decimos aparentemente porque realmente los orígenes de la inquietud por alejarse de ese pacto y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no está en la supuesta disuación que dicha pena originaría entre los violadores. Lo que la derecha quiere realmente es tener las manos libres para zafarse de la obligación de cumplir con lo que esa Corte determine sobre el indulto trucho, y sobre otras denuncias -caso TC por ejemplo- que esa entidad supranacional tiene en sus manos.
Por eso es que desde el ejecutivo y desde la mayoría congresal fujimontesinista se están alzando voces concordantes para romper con el pacto, aunque ello nos lleve -como cualquier republiqueta bananera- a violentar la Convención de Viena que obliga al Perú a respetar la normatividad internacional, incluso a colocarla por encima de las decisiones internas, como ya ha ocurrido en otras oportunidades.
La caverna en el Perú, que considera que los derechos humanos "son una cojudez" (Cipriani dixit) se frota las manos ante la posibilidad de convertirnos en una republiqueta bananera. Los anticuchos que carga desde los años 90 y los planes agresivos de volver a levantarse el país, aunque ello signifique condenar a la muerte y a la miseria a millones de peruanos, -el felón ya comenzó a embarrarse las manos en sangre - indica que esa derecha mastodóntica no tiene entre sus proyectos respetar escrupulosamente esos derechos fundamentales.
Por eso no quiere corset alguno que bloquee su angurria desbordante. De conseguir sus propósitos, la ciudadanía peruana en temas claves como el de la defensa de los derechos humanos, se quedaría literalmente en pelotas.
Ustedes tienen la palabra.
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