La
señora Chávez, conspicua integrante de la bancada fujimontesinista
acaba de defender, a capa y espada, el injusto régimen laboral juvenil
aprobado por el congreso de la República y rubricado por el presidente
Humala. Ayer, el mismo mandatario, palabras más o palabras menos, sacó
la cara por la ley, a aplicarse a los jóvenes entre 18 y 24 años, la
misma que también ha sido bendecida por el señor Kuczynsky -la
considera tan buena que ha pedido públicamente que se extienda hasta los
30 años de edad- y el propio partido aprista; aunque ahora la blonda
congresista León, supuesta defensora de los jóvenes, trate de tomar
distancia pidiendo el retiro de su voto aprobatorio, siguiendo la pauta
de su mentor y guía, el ex presidente García que muy cazurramente trata
de asumir el liderazgo de la protesta juvenil.
Las preguntas de cajón son la siguientes: ¿Esos señores no están enfrentados entre sí? ¿Cuál es el cordón umbilical que los está uniendo?
Las respuestas están en la misma naturaleza de la ley, cuestionada por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), que le recorta a los jóvenes un conjunto de derechos que se suponen son de vigencia obligatoria si de trabajo digno hablamos: goce de la compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, utilidades, vacaciones de 30 días, seguro de vida, entre otros y cuya desaparición precariza, hace más barata, la mano de obra laboral, afectada desde hace mucho por un inamovible salario mínimo vital.
Las justificaciones pueden ser muchas: mayor viablización de la mano de obra juvenil, reducción de la informalidad, reducción de sobrecostos laborales, etcétera; lo cierto, lo contundente, sin embargo es que dicha norma laboral, por donde se la observe beneficia al gran empresariado, al gran capital, que está en campaña justamente para obtener un conjunto de privilegios y gollerías que le permitan seguir ensanchando sus arcas a costa de la sobreexplotación de la mano de obra.
Esa defensa de los intereses del gran capital, en particular del extractivista, y del modelo neoliberal impuesto en los 90 por el fujimontesinismo, es lo que relaciona a unos y otros partidos, a unos y otros caudillos, empeñados - los que llegaron a la casa de Pizarro después de los 90- en mantener inalterables los fundamentos de un régimen al que consideran insustituible. Una revisión puntual de los acuerdos congresales en materia económica,comenzando por los últimos paquetazos, incluyendo el laboral juvenil, encontrará a todos ellos en la misma trinchera.
La pelea de hoy, la de mañana y pasado, rumbo al 2016, será entonces por cual de esos partidos y caudillos, alcanzan la gracia de convertirse en los favoritos del gran capital y las transnacionales. A este nivel ha descendido el ollantismo. Lo acaba de revelar, una vez más, la congresista Verónika Mendoza, una de las primeras disidentes del nacionalismo.
Desde que se nombró a Luis Castilla como ministro de Economía -ha dicho la señora- y se mantuvo a los funcionarios del BCR "no se hacía más que privilegiar a las grandes empresas". Esta opinión era compartida por el extinto Javier Diez Canseco para quien el presidente Ollanta "era el hombre del continuismo" (Hildebrandt en sus trece, 12 de diciembre de 2014, p.20.).
No hay entonces porqué engañarse.
Las preguntas de cajón son la siguientes: ¿Esos señores no están enfrentados entre sí? ¿Cuál es el cordón umbilical que los está uniendo?
Las respuestas están en la misma naturaleza de la ley, cuestionada por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), que le recorta a los jóvenes un conjunto de derechos que se suponen son de vigencia obligatoria si de trabajo digno hablamos: goce de la compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, utilidades, vacaciones de 30 días, seguro de vida, entre otros y cuya desaparición precariza, hace más barata, la mano de obra laboral, afectada desde hace mucho por un inamovible salario mínimo vital.
Las justificaciones pueden ser muchas: mayor viablización de la mano de obra juvenil, reducción de la informalidad, reducción de sobrecostos laborales, etcétera; lo cierto, lo contundente, sin embargo es que dicha norma laboral, por donde se la observe beneficia al gran empresariado, al gran capital, que está en campaña justamente para obtener un conjunto de privilegios y gollerías que le permitan seguir ensanchando sus arcas a costa de la sobreexplotación de la mano de obra.
Esa defensa de los intereses del gran capital, en particular del extractivista, y del modelo neoliberal impuesto en los 90 por el fujimontesinismo, es lo que relaciona a unos y otros partidos, a unos y otros caudillos, empeñados - los que llegaron a la casa de Pizarro después de los 90- en mantener inalterables los fundamentos de un régimen al que consideran insustituible. Una revisión puntual de los acuerdos congresales en materia económica,comenzando por los últimos paquetazos, incluyendo el laboral juvenil, encontrará a todos ellos en la misma trinchera.
La pelea de hoy, la de mañana y pasado, rumbo al 2016, será entonces por cual de esos partidos y caudillos, alcanzan la gracia de convertirse en los favoritos del gran capital y las transnacionales. A este nivel ha descendido el ollantismo. Lo acaba de revelar, una vez más, la congresista Verónika Mendoza, una de las primeras disidentes del nacionalismo.
Desde que se nombró a Luis Castilla como ministro de Economía -ha dicho la señora- y se mantuvo a los funcionarios del BCR "no se hacía más que privilegiar a las grandes empresas". Esta opinión era compartida por el extinto Javier Diez Canseco para quien el presidente Ollanta "era el hombre del continuismo" (Hildebrandt en sus trece, 12 de diciembre de 2014, p.20.).
No hay entonces porqué engañarse.
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