Con
la ley universitaria promulgada, lo que viene ahora es su
implementación. Que los rectores de las universidades que se consideren
afectadas acudan al poder judicial con el propósito de paralizarla es
algo que no se puede evitar, están además en su derecho. Lo que no deben
quedar paralizados son los aprestos docentes y estudiantiles para
lograr, desde un inicio, que la implementación lleve la impronta de aquellos sectores que están realmente interesados en cambiar, para bien, la universidad peruana.
En ese sentido, las vanguardias universitarias, académicas, culturales y políticas deben estar preparadas para una pelea de largo aliento con los sectores conservadores, con las mafias de todo tipo y con los promotores de la mediocridad. Mañosos por excelencia procurarán adaptarse a las nuevas circunstancias, cuentan para ello con el poder que todavía detentan, las clientelas formadas a lo largo de estos años y la apatía política que reina en los claustros, como producto de un proceso de marcada despolitización.
En ese curso la ley debe ser estudiada y discutida para ubicar sus fortalezas, sus debilidades y sus limitaciones, para hacer de ella un instrumento de fortalecimiento académico, de democratización, y de politización en el más alto sentido de la palabra. Dicha ley, sin embargo no puede contraponerserse a los programas de cambio y desarrollo de la universidad con los que han venido trabajando las vanguardias en los últimos tiempos y que constituyen la única garantía de la autonomía de ese movimiento, de la defensa de su propio camino.
Porque si bien es cierto que hay tomar distancia de los sectores académicos y políticos que se oponen a rajatabla a la ley alimentados sobre todo por la defensa de sus intereses particulares y mezquinos, de la misma forma hay que diferenciarse de aquellas tiendas gobiernistas o no que bajo el paraguas de la nueva ley pretenden echar raíces en la universidad pretextando ser los únicos defensores de la calidad, de la excelencia académica, de la competitividad; palabras más, palabras menos, que camuflan los intereses del empresariado y la tecnocracia neoliberal ávidas de capturar el destino de la universidad peruana.
La ley, sin duda, ha golpeado los intereses de aquella derecha empresarial, bruta y achorada, que sin escrúpulos de ninguna naturaleza ha hecho de la educación peruana, no solamente de la universitaria, una fuente desmedida de sus ambiciones de riqueza. Hablarles de regulación a estos sectores es como amenazarlos con arrebatarles el vellocino de oro. Empero, hay otro sector de la burguesía nativa, formalmente moderno, que sin dejar de lado el lucro busca posicionarse en la universidad para hacer de ella una entidad más afin a los proyectos económicos del neoliberalismo. Cuentan para ello con la despolitización del movimiento universitario, sus banderas academicistas, y el apoyo de la tecnocracia estatal.
En ese sentido, las vanguardias universitarias, académicas, culturales y políticas deben estar preparadas para una pelea de largo aliento con los sectores conservadores, con las mafias de todo tipo y con los promotores de la mediocridad. Mañosos por excelencia procurarán adaptarse a las nuevas circunstancias, cuentan para ello con el poder que todavía detentan, las clientelas formadas a lo largo de estos años y la apatía política que reina en los claustros, como producto de un proceso de marcada despolitización.
En ese curso la ley debe ser estudiada y discutida para ubicar sus fortalezas, sus debilidades y sus limitaciones, para hacer de ella un instrumento de fortalecimiento académico, de democratización, y de politización en el más alto sentido de la palabra. Dicha ley, sin embargo no puede contraponerserse a los programas de cambio y desarrollo de la universidad con los que han venido trabajando las vanguardias en los últimos tiempos y que constituyen la única garantía de la autonomía de ese movimiento, de la defensa de su propio camino.
Porque si bien es cierto que hay tomar distancia de los sectores académicos y políticos que se oponen a rajatabla a la ley alimentados sobre todo por la defensa de sus intereses particulares y mezquinos, de la misma forma hay que diferenciarse de aquellas tiendas gobiernistas o no que bajo el paraguas de la nueva ley pretenden echar raíces en la universidad pretextando ser los únicos defensores de la calidad, de la excelencia académica, de la competitividad; palabras más, palabras menos, que camuflan los intereses del empresariado y la tecnocracia neoliberal ávidas de capturar el destino de la universidad peruana.
La ley, sin duda, ha golpeado los intereses de aquella derecha empresarial, bruta y achorada, que sin escrúpulos de ninguna naturaleza ha hecho de la educación peruana, no solamente de la universitaria, una fuente desmedida de sus ambiciones de riqueza. Hablarles de regulación a estos sectores es como amenazarlos con arrebatarles el vellocino de oro. Empero, hay otro sector de la burguesía nativa, formalmente moderno, que sin dejar de lado el lucro busca posicionarse en la universidad para hacer de ella una entidad más afin a los proyectos económicos del neoliberalismo. Cuentan para ello con la despolitización del movimiento universitario, sus banderas academicistas, y el apoyo de la tecnocracia estatal.
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