MASACRE DE PUTIS
SIN RESPONSABLES
Germán Vargas Farías
Es más sencillo indagar los nombres de los oficiales peruanos que participaron en la guerra Gran Colombo-Peruana hace 180 años, de los que intervinieron en la Guerra del Pacífico hace 130 años, e incluso de los soldados peruanos que participaron en la segunda guerra mundial hace casi 65 años, que conocer la identidad de un grupo de oficiales y soldados que se instalaron en la base militar de Putis hace 25 años, tiempo en el cual se registró uno de los crímenes más horrendos del conflicto armado interno en el Perú.
Recientemente, con ocasión de la entrega de los restos recuperados en las fosas comunes de Putis a sus familiares, el doctor Javier Gonzáles Torres, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ayacucho, además de garantizar que ese acto de barbarie (así lo llamó) no quedaría impune, lamentó que el Ministerio de Defensa no brinde el apoyo requerido por la Fiscalía Supraprovincial a cargo de la investigación.
El apoyo al que se refería el doctor Gonzáles Torres no era otro que proporcionar información sobre el personal militar que operaba en la zona, a efectos de, previa rigurosa investigación, procurar individualizar a los perpetradores de tan abominable crimen.
Entonces ya no estamos frente al pedido de los familiares de las víctimas de Putis, ni a la exigencia de sus abogados y de las instituciones de derechos humanos que les patrocinan, si no al reclamo de una de las autoridades del organismo constitucional del Estado Peruano que tiene entre sus atribuciones defender la legalidad, representar los intereses de la sociedad, e investigar los hechos que constituyen delito.
Siendo así, es claro que cuando un fiscal hace un requerimiento de información que le ayude a investigar un crimen no está solicitando un favor, obedeciendo a un capricho personal, o dejándose llevar por una simple curiosidad, no, está cumpliendo el encargo que le confiere la Constitución Política del Estado, y es obligación de las personas, y particularmente de las que representan a otras instituciones del Estado, brindarle colaboración y no perturbar la observancia de su mandato.
Eso que es tan elemental y por tanto sencillo de entender para cualquier ciudadano, se torna insondable cuando se trata de los ministros de defensa en el Perú. Interrogado hace pocos días por una agencia internacional de noticias, el ministro de Defensa Rafael Rey ha dicho que “no hay forma de conseguir los nombres de esas personas”, en referencia a los militares destacados en la zona de Putis durante la matanza. Ninguna novedad, antes de Rey dijeron casi lo mismo todos sus antecesores en el cargo. ¿La reiteración y la ausencia de contradicción en la respuesta la convierte en verdad?, no en casos como éstos.
Hay en las autoridades militares una fuerte inclinación por los documentos escritos, algo así como “papelito manda”, y deben ser de los funcionarios que con mayor celo conservan sus bases de datos que incluyen reglamentos, órdenes, directivas, entre otros documentos administrativos. Bien organizados, estos archivos poseen un enorme valor como fuente de conocimiento del pasado histórico de nuestro país.
Que no se tenga las hojas de servicio del personal, que no se conozca los desplazamientos de una patrulla militar, que no se sepa quien estaba a cargo de una base militar, que no exista el reporte siquiera de un incidente en el que murieron más de cien personas, es inadmisible por falso, y revela pereza o ineficiencia para investigar, o ánimos de encubrimiento.
Hay otras razones que no trataré por consideraciones de espacio, y por ahora solo quiero proponer que ya nadie se conforme con respuestas que más parecen tomaduras de pelo, y que el Ministerio Público que con tanta seriedad y responsabilidad viene desarrollando la investigación de la matanza ocurrida en Putis, haga uso de todas sus atribuciones para, como dice su himno, asumir con devoción los anhelos ciudadanos de cuidar a la Nación y los derechos humanos.
Hace poco hemos ofrecido el entierro digno que merecían nuestros hermanos asesinados en Putis, ahora falta que despleguemos un esfuerzo mayor para que se les haga justicia. Si al Estado, a través de sus institutos armados, o del Ministerio de Defensa como organismo representativo de las Fuerzas Armadas, no le da la gana colaborar con las investigaciones para identificar criminales, es obvio que algo tiene que cambiar.
Fuente:
http://blog.dhperu.org/
BBC
Imágenes del funeral
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