BUSCADOS...
LALO, BARETA, OSCAR, CUERVO...
SOBRE LA MASACRE DE PUTIS
Fragmentos de lo investigado por la
la Comisión de la Verdad:
Instalación de la base militar
En 1984, se incrementó el accionar subversivo. Las alturas de Santillana se había convertido en una zona de activa presencia senderista, pues éstos constantemente ingresaban solicitando apoyo a los campesinos, e instándolos a participar en su lucha armada.
Frente a tal situación se instalaron bases militares en la comunidad de Putis y la capital del distrito de Ayahuanco, las cuales comenzaron a operar a partir de noviembre de 1984.
Al llegar, los militares convocaron a la población que estaba dispersa en las partes más altas, como Rodeo, Vizcatánpata, Rumichaca, Sayhuallamacniyocc, Pampahuasi, Huancas, Orccohuasi y Cayramayo, con la supuesta intención de convencerlos para que se mudaran a la comunidad de Putis. En esa época muchos de los campesinos habían abandonado sus viviendas por orden de los senderistas y vivían en los “cerros”. La propuesta de los militares fue que fijaran su residencia en la parte baja, ofreciéndoles de esta manera una mejor protección contra la subversión, aunque en realidad para los militares, muchos de ellos también eran sospechosos de terrorismo.
Cansados de vivir en los cerros y en medio de dos fuegos, acosados por los subversivos por un lado, y por las fuerzas del orden, del otro, los comuneros aceptaron la propuesta y se mudaron a Putis, llevando todas sus pertenencias.
Ejecución extrajudicial de más de un centenar de campesinos de Putis
Los efectivos del orden recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas.
Sin embargo, cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que habían hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar.
Los asesinaron porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión; además, para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay.
Los militares cubrieron los cadáveres que se encontraban en la fosa con tierra y piedras. Otra parte de las víctimas habría sido sepultada al interior de un aula en la escuela.
En diciembre de 1984 el diario Expreso publicó un nota periodística, basada en información oficial proveída por personal policial. En ella se daba cuenta de un presunto enfrentamiento entre efectivos militares y miembros de el PCP-SL en la comunidad de Putis, a la que por error señalaron como “Yutis” (no existe ninguna referencia sobre una comunidad ayacuchana con dicho nombre). Se dio cuenta de que al menos unos 22 presuntos subversivos perdieron la vida.
Huanta, 5 diciembre (Especial para Expreso).- Un ataque suicida de cincuenta terroristas a un campamento militar en la zona de Yutis, le costó a el PCP-SL 22 bajas, cuando el Ejército repelió el ataque y persiquió a los sediciosos en las cercanías de los límites de Ayacucho y Huancavelica.
Según información policial procedente de Yutis, a 80 kilómetros al noroeste de Huanta... una unidad del Ejército había acantonado la tarde del domingo, cuando se encontraba tras los rastros de un numeroso grupo senderista. Investigación del Ministerio Público
En noviembre del 2001 el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Heriberto Benitez Rivas, demandó a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, que investigue de oficio la existencia de una fosa común con los restos de un centenar de comuneros de Putis, a raíz de un reportaje publicado en el Diario La República, en la que se denunciaba el hecho.
El 3 de diciembre de 2001, la Fiscalía Mixta de Huanta del Departamento de Ayacucho resolvió abrir investigación fiscal en contra del General EP (r) Adrián Huamán Centeno y el Comandante EP Edmundo Obregón Valverde por delito de homicidio calificado. A la fecha, sólo se han actuado algunas declaraciones testimoniales y el diligenciamiento de los oficios. A partir del 2003, esta misma investigación continua a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada de Huamanga.
Investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
En base a los testimonios recibidos y la investigación realizada, la Comisión de la Verdad y Reconciliación puede afirmar que en diciembre de 1984 un centenar de campesinos de diversos anexos de las comunidades de Putis, Cayramayo, Vizcatampata y Rodeo, fueron ejecutados extrajudicialmente por militares destacados en Putis.
Los efectivos cometieron dicho crimen porque consideraban que los campesinos estaban vinculados con el PCP-SL, debido al constante transitar del grupo terrorista por la zona donde vivían las víctimas. Además, los asesinaron con la intención de adueñarse del ganado vacuno, porcino y caprino que tenían los pobladores.
La sospecha de subversión que tenían los militares fue fortalecida por algunos pobladores de la comunidad vecina de Marccaraccay que colaboraban con ellos, quienes les aseguraron que los campesinos de Putis pertenecían al movimiento subversivo.
La masiva ejecución extrajudicial fue en diciembre de 1984
Los testimonios de los pobladores retornantes a la zona coinciden en la forma en que se produjo el asesinato de los comuneros. Sin embargo, existe un margen de imprecisión en relación a la fecha en que se produjeron los hechos, pues algunos comuneros señalaron que habría ocurrido en setiembre de 1984, en tanto que otros sostienen que se cometió en diciembre de ese mismo año.
La Comisión de la Verdad considera más probable que los hechos se hayan realizado en el mes de diciembre de 1984, tomando como referencia las declaraciones de los testigos, que aluden la época de lluvias o de cosecha de papa, que suele ser en el mes de diciembre, así como la información de la prensa que dio cuenta de un presunto enfrentamiento en dicho lugar, acaecido los primeros días de diciembre de 1984 (diario Expreso).
Efectivos militares reunieron a comuneros en Putis
De acuerdo a la declaración de un efectivo militar que a la fecha de los hechos, estuvo destacado en Putis cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, gran parte de los comuneros fueron llevados con engaños al centro del poblado, con la única intención de asesinarlos.
...Hubo un llamado de pacificación: vengan, no va a pasar nada, por eso estamos acá. [...] Se recogió a la gente de todos los cerros. Ellos han venido con todas sus cosas a Putis para formar un centro poblado, porque pensaban que iban a estar más tranquilos al lado de la base [...]. Los trajeron por la mañana y los pusieron en ese caserón. Los engañaron, les dijeron vamos a hacer una piscigranja. Acá vamos a hacer un cuadrado de tanto por tantos metros. Fueron más de tres horas. Todos los varones hicieron su propia fosa, ellos mismos. Los comenzaron a matar de seis en seis. Una parte de los efectivos estaba más o menos a 40 metros, vigilando por donde podían escapar [...] No pretendieron escapar porque estaban acorralados
Tal como lo afirma uno de los sobrevivientes, otra parte de las víctimas, cansados de la difícil forma de vida que los obligaba a llevar el PCP-SL, decidieron contactarse con los militares para que les dieron protección "... llegaron aproximadamente a las 3 de la tarde y los militares los recibieron amablemente e incluso les dieron la mano y los felicitaron por haber decidido vivir con ellos, enviándolos a la iglesia”
Un testigo de Marccaraccay, confirmó ante el Fiscal de Huanta, haber visto que alrededor de un centenar de campesinos fueron reunidos por los efectivos militares en el poblado de Putis. Antes de perpetrar el crimen, los militares lo enviaron a recoger leña, y cuando estaba a 500 metros del lugar escuchó el sonido de disparos en forma espaciada que provenían de Putis. Explicó que los disparos se prolongaron durante media hora. Por la declaración del testigo se puede deducir que en ese momento se estaba ejecutando a los campesinos, de uno en uno, con la mayor de las crueldades.
Ejecución extrajudicial fue realizada por militares
Por la modalidad utilizada por los efectivos del orden, se puede afirmar que éstos pretendieron arrasar con los comuneros con la finalidad de no dejar ningún testigo que posteriormente pudiera denunciar la masacre.
Así lo aseguró uno de los sobrevivientes en su testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación:
Allí había unas 100 personas, quienes durmieron allí esa noche... recuerda que los militares separaron a las chicas más jóvenes de alrededor de 15 años, las que fueron llegadas a la escuela. Algunas de ellas eran casadas... La declarante recuerda que en la madrugada siguientes las jóvenes contaron que las habían ‘abusado’, refiriéndose a que habían sido violadas sexualmente. A las 6 de la mañana llegaron los militares de la base de Putis entregaron palas y picos a los hombres ordenándoles que cavaran huecos para hacer sus casas. Los hombres, quienes también se enteraron de las violaciones, obedecieron porque los militares los apuntaban con sus armas... huyó con destino a San José. Después de caminar cinco minutos escuchó la balacera...
Otro de los sobrevivientes, que se salvó de morir porque su cuñado conocía a algunos de los militares destacados en esa zona, indicó que todos los campesinos que en ese momento estaban en Putis fueron asesinados en esa oportunidad:
... a las 5 y 30 de la mañana llegaron los militares, en número aproximado de 50 efectivos, llevando picos y palas, levantando a la población y diciéndoles que tenían que hacer un pozo. En ese momento ella vio a su cuñado..., quien llegó desde Santillanna (sic) (San José de Secce) a cosechar papa, quien le dijo: ‘Vámonos rápido, trae a tus hijos rápido’, sin explicarle nada más. Ella obedeció porque al ver a los militares tuvo un mal presentimiento. Mientras ella se iba escuchó que los militares les decían a los hombres que tenían que hacer un hueco, una poza para agua... Cuando ella había camina alrededor de media hora, llegando al altura de Orccohuasi escuchó ‘una balacera’, por lo que apresuró el paso por temor de que los estuvieran siguiendo. Cuando estuvieron a la altura de Callquiccasi le alcanzó una joven de aproximadamente 20 años... quien le confirmó que los militares habían asesinado a todos los que quedaron en Putis.
Móviles: sospecha de subversión y lucro posterior
Según se señaló anteriormente, los campesinos de Rodeo, Vizcatampata, Rumichaca, Sayhuallamacniyocc, Pampahuasi, Huancas, Orccohuasi y Cayramayo eran considerados por los Militares como sospechosos de pertenecer a el PCP-SL. Es probable que éste haya sido el móvil principal para el asesinato de los comuneros. “...los militares de San José de Secce se habían enterado de la presencia permanente de los senderistas aquí, nos empezaron decir terrucos a los de Cayramayo. Por esta concepción , las personas de Cayramayo que iban a San José de Secce eran capturadas y desaparecidas...”.
Los comuneros que brindaron su testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, confirman que el PCP-SL tuvo una presencia muy fuerte y controló las alturas de Santillana en 198414. Algunos aseguran, incluso, que los sediciosos los obligaron a abandonar sus viviendas y retirarse a las alturas para evitar que sean contactados y convencidos por las fuerzas del orden.
De acuerdo a los referidos testimonios, un móvil concurrente habría sido la intención de apropiarse del ganado que tenían los comuneros para venderlos y quedarse con el dinero que se obtuviera de dicha venta. Inclusive afirmaron algunos campesinos que ciertos comuneros de Marccaraccay y el entonces teniente gobernador de esa comunidad, habrían alentado la matanza, para ellos comercializar el ganado y repartirse las ganancias con los militares.
Autores y partícipes
Cuando uno de los pobladores de Putis, se enteró del brutal asesinato cometido contra su madre y su hijo, huyó con su esposa y su hija hacia la selva de Huanta. Sin embargo decidió retornar en 1997. El recuerdo de sus familiares fallecidos lo instó a buscar el lugar donde éstos estaban enterrados, así como identificar a los presuntos responsables del crimen. Es así que logró obtener los seudónimos de los oficiales que habrían participado en la matanza, los mismos que identificó como el oficial “Lalo”, el Teniente “Bareta” y el Comandante “Oscar”.
Por su parte, un rondero, quien en 1984 fue miembro del Comité de Autodefensa de Marccaraccay, y ha sido sindicado como un colaborador del Ejército, confirmó la participación del Teniente “Lalo”, agregando que dicho oficial era alto, blanco, de pelo negro y lacio.
Pero además, uno de los sobrevivientes a la matanza señaló que una semana previa al múltiple asesinato estuvo detenido en la base militar de San José de Secce, y un día antes de la masacre guió a una patrulla, al mando de un oficial de seudónimo “Cuervo”, hasta la zona de Putis, con la finalidad de llevarlos hasta la parte alta para rescatar a sus familiares del poder de el PCP-SL.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación solicitó al Ministerio de Defensa, mediante oficio Nº 156-2003-CVR-P del 17 de marzo del 2003, que se identifique al jefe de la base militar de Putis, así como al resto del personal destacado en dicho lugar, así como la fecha y tiempo durante el cual funcionó la base de Putis. Mediante el oficio N° 12574 MINED/K-6/CVR, del 12 de mayo del 2003, el secretario general del Ministerio de Defensa, vicealmirante Gonzalo Gambirazio Martín, respondió que en Putis se instaló una base temporal entre el 8 de abril y el 3 de diciembre de 1988, indicando que no se ha encontrado ninguna relación del personal que prestó servicios en dicha base.
Conclusiones
La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha logrado establecer que en diciembre de 1984 personal militar de la base instalada en la comunidades de Putis, del distrito de Santillana, provincia de Huanta (Ayacucho) convocó a la población que vivía en las partes altas, poblados de Rodeo, Vizcatánpata, Rumichaca, Sayhuallamacniyocc, Pampahuasi, Huancas, Orccohuasi y Cayramayo, para que se mudaran a la comunidad de Putis, con la presunta finalidad de protegerlos contra la subversión. Los campesinos fueron al lugar con sus mujeres e hijos, sus pertenencias e inclusive su ganado. Sin embargo, los militares, lejos de cumplir con lo ofrecido, violaron sexual a algunas mujeres, y luego ejecutados extrajudicialmente no menos de ciento veintitres personas (123), hombres y mujeres y niños, los que fueron posteriormente enterrados en fosas que los mismos pobladores cavaron.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, considera que existen suficientes elementos indiciarios y probatorios que permiten razonablemente afirmar que los presuntos autores ejecutores de la masiva ejecución extrajudicial (asesinato) ocurrida en la comunidad de Putis en diciembre de 1984, fueron efectivos militares de la Base de Putis, que dependían de la Base Contrasubversiva Nº 51 “Los Cabitos” de Huamanga. Entre ellos se puede mencionar al militar conocido con el seudónimo de “Teniente Lalo”, que habría sido el Jefe de la patrulla que llegó a Putis, así como los denominados “Oficial Bareta” y “Comandante Oscar”, y el capitán “Cuervo”, un oficial destacado en la base de San José de Secce, que encabezó una patrulla que llegó a Putis el día de lo hechos, quien habría participado en la matanza.
En la época de los hechos, el General EP Wilfredo Mori Orzo se desempeñaba como Jefe de la Segunda División de Infantería del Ejército, con sede en Ayacucho, y Jefe Político Militar de Ayacucho, y el Comandante EP Edmundo Obregón Valverde era Comandante de la Base Contra subversiva “Los Cabitos” de Huamanga.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación considera que, desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la masiva ejecución extrajudicial contra no menos de 117 personas constituyen graves violaciones al derecho a la vida, previstos en el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha logrado determinar que los mencionados atentados contra la vida de las personas aludidas, al no haber participado directamente en el conflicto armado interno, constituyen graves infracciones al Artículo 3° común a los Convenios de Ginebra, imputable a agentes de seguridad del Estado peruano.
Fuente:
p.143
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