LA LEY SEÑORES,

LA LEY

La huelga de la docencia universitaria y el escandaloso caso de la Universidad Alas Peruana, han sacado al sol la crisis del sistema universitario peruano, a la que el gobierno actual pretende resolver con meros emplastos. Uno de estos es la propuesta que el Ejecutivo está presentando al Congreso para prohibir la creación de nuevas Universidades, que al amparo del D.L. 882 (ley de promoción de la inversión en la educación) se han desparramado a lo largo y ancho del territorio nacional, con o sin autorización de las entidades correspondientes. Paralelamente a esa propuesta - este es el otro emplasto- el gobierno está planteando la evaluación de todas las universidades, para que supuestamente sólo queden en pie aquellas que logren su acreditación.

Nuestros mandatarios, sin embargo, soslayan la existencia del DL 882, la madre del cordero, en tanto que merced a su existencia, la educación, incluyendo la universitaria, se ha convertido en un gran negocio, como corresponde al ultraliberalismo vigente en el país. Lo que se ha dicho sobre Alas Peruanas y lo que seguramente se ha de decir en el futuro, es apenas la punta del iceberg de un desembalse mercantilista que cubre el accionar de respetables centros de estudios como San Ignacio de Loyola, UPC o la misma Universidad del Pacífico, que hace algunos años se acogió a los beneficios del decreto ley citado, decisión con la que no todos, en esa comunidad universitaria, estuvieron de acuerdo.

Sobre la UPC hay una referencia importante, la del novelista Alfredo Bryce, profesor de mil universidades en el mundo, incluyendo la citada, donde tuvo una estadía fugaz, pero lo suficientemente aleccionadora como para escribir: "Nada, en absoluto, tengo contra las sociedades anónimas, ni contra el espíritu de empresa, pero si tengo la más grande aversión contra los malos empresarios y sobre todo contra los cortaplacistas, aparte de lo perversa que puede resultar, si uno no se anda con mucho cuidado, la rentabilización a cualquier precio de algo tan sagrado como la educación" ( Antimemorias 2, p. 601).

En cuanto a la evaluación nadie se opone a ella, es más, en Universidades como San Marcos ella está en marcha. Justamente, la Escuela Académico-Profesional de Odontología acaba de alcanzar su acreditación internacional, convirtiéndose en la primera carrera sanmarquina, y la primera de la especialidad - a nivel de las Universidades públicas- en alcanzar este reconocimiento. Mérito logrado merced a la movilización autónoma de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos.

Lo cuestionable, cuando el gobierno habla de esa evaluación, es que pretenda anteponerla al cumplimiento de las disposiciones - incluyendo una sentencia del Tribunal Constitucional- que ordenan el pago del último tramo de la homologación salarial a la docencia universitaria. O también que se juegue con ella para obviar la necesidad que tiene el sistema universitario de contar con una nueva ley que reemplace a la ley 23733, aprobada en 1983, vulnerada, dicho sea de paso por el DL 882.

Existe en la Comisión correspondiente del Congreso un proyecto de ley universitaria que goza del consenso de todas las bancadas. La aprobación de la misma resolvería los entrampamientos legales que están en la base de la crisis del sistema universitario, pero también permitiría afrontar aquellos temas académicos y administrativos, de gobierno, gestión, financiamiento, investigación, proyección social, etcétera, que necesitan ser repensados con urgencia a la luz de los cambios que a todo nivel se han dado en el país y en el mundo.

¿Por qué no se discute y se aprueba esa Ley Universitaria? Porque sencillamente se constituiría en una camisa de fuerza para las universidades privadas, en especial para aquellas que al estilo de Alas Peruanas han encontrado en la educación universitaria una cornucopia.