DOS CALAMIDADES

A dos años del pavoroso terremoto del sur peruano, sin que nada sustancialmente nuevo, en cuanto a reconstrucción haya ocurrido, puedo afirmar que en esas áreas, para desgracia de los miles de damnificados, se juntaron dos calamidades: una, el terremoto en si, y la otra, la tremenda ineptitud y lenidad del gobierno actual para asumir sus responsabilidades ante la terrible desgracia. Aquí no hay chavismos ni complots internacionales a los cuales soplarles la pluma. El gobierno central, la administración aprista, conforme lo revelan los editoriales que estamos reproduciendo - de dos diarios opuestos en sus concepciones- queda así al desnudo ante la opinión pública nacional e internacional, como al desnudo también queda un orden económico y social, presentado por sus defensores como la gran panacea para los todos los males del país, pero que ante una catástrofe natural, en su previsión - no es una novedad que el Perú esté enclavado en un territorio sísmico- y afrontamiento, ha hecho agua por todos lados.

La enorme deuda

con los damnificados del sur

Al cumplirse dos años del terremoto que asoló Pisco, Ica, Chincha y otras ciudades del sur chico y del centro del país, tenemos que reconocer, con realismo e indignación, que es poco lo avanzado y que miles de compatriotas damnificados siguen en calidad de tales.

¿Dónde quedaron las promesas gubernamentales de que no se iban a repetir los errores del pasado ni dejar que la burocracia dificultase la ayuda? ¿Y qué decir de las autoridades regionales y locales, que se comprometieron a trabajar unidas? ¿Qué se hizo con las millonarias partidas aprobadas y con las donaciones nacionales y extranjeras, además de lo recaudado en espectáculos organizados por artistas reconocidos?

Hasta hoy no se ha hecho un informe consolidado y detallado de todos estos aspectos, lo que es revelador. Sin embargo, es obvio que detrás este desorden e ineficiencia hay un gravísimo problema de falta de voluntad política, burocratismo y corrupción, cuyos responsables últimos tienen aún que ser señalados.

Resulta que acciones prontas como los bonos de solidaridad de 6 mil soles solo alcanzaron a unos pocos y fueron desvirtuadas por algunos irresponsables que alteraban las listas o incluían o excluían arbitrariamente a los pobladores.

Mientras tanto, un proyecto del que se esperaba tanto como el fondo de reconstrucción del sur (Forsur) fue debilitado desde su formación legal y posteriormente por la indiferencia o animosidad de las autoridades regionales y locales. Así, se ninguneó el valioso apoyo técnico que demanda la aprobación de proyectos de reconstrucción, con lo cual solo se ha podido concluir el 23% de las obras programadas en el largo tiempo transcurrido.

Esto es escandaloso y genera entendible malestar entre las víctimas que siguen careciendo de servicios básicos como agua y electricidad, así como de viviendas dignas. Las promesas de reubicación y habilitación urbana chocan duramente con la falta de títulos de propiedad, los enredos que propician algunos dirigentes y alcaldes, así como la burocracia regional y nacional.
A esto se agrega la falta de servicios de salud y educación. Los nuevos hospitales y postas médicas no han sido terminados, a pesar de su ostensible necesidad. Y los proyectos de colegios avanzan a medias o no tienen siquiera planos, por lo que los alumnos reciben clases en locales inseguros o a la intemperie.

Los peruanos no podemos ser ajenos a esta ingrata y dolorosa realidad que sigue afectando a nuestros hermanos.

El Gobierno Central está obligado a informar pormenorizadamente a la nación de lo que se ha hecho para reconstruir el sur chico y ayudar a los damnificados, así como a revisar las instancias y procedimientos —de planeamiento, ejecución y fiscalización—, que no están funcionando para proceder a corregir las deficiencias.

Lo mismo deben hacer los presidentes de los gobiernos regionales y locales, que cuentan con ingentes fondos que no han sido utilizados debidamente para enfrentar la grave emergencia y devolver orden, seguridad y progreso al sur.

El Comercio, 15 de agosto de 2009

LA OTRA CATÁSTROFE

César Lévano

La noche del terremoto que estremeció el sur chico, el Presidente Alan García se sintió obligado a brindar un mensaje optimista: “Afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe”.

Dos años después, el país comprueba que la catástrofe que destruyó 75 mil viviendas, escuelas, obras públicas, veredas, calzadas, puentes, ha tenido una réplica política: la lentitud, la ineficacia, la insensibilidad social y hasta la corrupción.

Las víctimas recuerdan no sólo la frase optimista de García, sino también sus promesas de rápida reconstrucción. Para ellos, la segunda catástrofe es él.En el momento de la tragedia señalamos que en Ica, foco de prosperidad según los agroexportadores, ejemplo de desarrollo económico según los neoliberales, no tenía siquiera un hospital digno de ese nombre. Tampoco ahora lo tiene.

Apuntamos algo más. Que el Perú es uno de los pocos países que no tiene centros de abastecimiento de víveres no perecibles. Para el neoliberalismo chusco, sería un crimen estatista emular lo que hacían nuestros antepasados prehispánicos con sus tampus (tambos) bien distribuidos.

Hasta el congresista del Apra Edgar Núñez deplora, en declaración para LA PRIMERA, la situación: “La reconstrucción está en cero. Yo puedo dar fe porque viajo al sur casi todos los fines de semana”.Una pregunta que flota en el ambiente, y que Núñez acoge es: ¿qué ha ocurrido con las donaciones generosas que llegaron del país y del exterior? El premierato y el Ministerio de Economía deben una cuenta al respecto.

Acierta en ese punto la bancada del Partido Nacionalista al anunciar, por medio de su vocera, Marisol Espinoza, que presentarán una moción de orden del día para que se investigue el destino de los recursos que captó el Fondo de la Reconstrucción del Sur (Forsur).

El fracasado jefe de ese fondo, el empresario, amigo de García, Julio Favre, ha emergido de la sombra para culpar de su inacción al pueblo, que lo recibía, dice, con piedras y palos… precisamente por su inacción.

Favre entra en un juego del gran bonetón, en el cual los ministros responsabilizan a los presidentes regionales, éstos a los alcaldes, los alcaldes a los funcionarios del Ejecutivo, y así sucesivamente. Entre los escombros de Ica apareció una realidad cruel: la burocracia aprista, que se distingue no sólo por su inepcia. No podemos olvidar que a poco del desastre, se descubrió que funcionarios del Sistema Integral de Salud habían sobrevaluado compras de alimentos destinados a las víctimas del terremoto.

La Primera, 15 de agosto de 2009