Sinesio López Jimenez
Las recientes elecciones sanmarquinas para elegir a los miembros de
la Asamblea Universitaria y de los Consejos de Facultad muestran una
vez más la deformación y el agotamiento de la reforma de Córdoba y la
necesidad de una nueva ley de reforma universitaria. La reforma de
Córdova postulaba la apertura de la universidad oligárquica a las clases
medias y populares, la participación democrática de los estudiantes en
el gobierno de las universidades o el cogobierno, la implantación de la
docencia libre y la asistencia libre y la autonomía de la Universidad,
entendida como institución de los alumnos, profesores y diplomados.
A partir de los 60 del siglo pasado la apertura democrática se
tradujo en masificación que conllevó, a su vez, el práctico abandono
económico de la universidad pública por parte del Estado dando lugar a
la mediocrización académica y a la anarquía. La democracia universitaria
ha degenerado. Se mantienen las formalidades democráticas, pero ellas
no expresan la voluntad de la comunidad universitaria sino que
constituyen mecanismos perversos para consolidar el poder de pequeños
grupos que asumen comportamientos mafiosos para mantenerse en él.
El Comité electoral es nombrado formalmente por la Asamblea
universitaria (que ya era producto de un fraude cometido en la elección
anterior (2010) contra la Facultad de Medicina), pero en realidad es
designado por el pequeño grupo que controla el poder. Su comportamiento
es arbitrario y fraudulento con las listas opositoras y parcializado con
las listas oficialistas. El proceso electoral es injusto e
inequitativo. Las listas oficialistas reciben todo el apoyo de las
autoridades universitarias. Estas usan el poder y los recursos de la
universidad para tentar con prebendas, prometer ascensos, ofrecer
pequeños cargos, comprar votos.
El clientelismo es reforzado con el autoritarismo ejercido contra la
oposición de profesores y estudiantes. Se abren procesos
administrativos a los profesores y se amenaza con el reglamento de
sanciones a los estudiantes que protestan. Como si todo esto fuera poco,
la votación no está exenta de fraudes: eliminación de mesas electorales
(2010), violación del debido proceso en la elección de los profesores
principales en la facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo.
El tercio estudiantil no expresa tampoco la voluntad de los
estudiantes. La lista oficialista es organizada por operadores apoyados y
financiados por las autoridades universitarias. Los estudiantes aún no
han logrado formar una organización centralizada que les permita
presentar una lista propia y autónoma que los represente. Eso explica
que (en la elección para la asamblea universitaria) ganen los votos
blancos, nulos y viciados con el 60.97% de los votantes (24,700) y que
la lista oficialista “ganadora” sólo obtenga el 28.88%. Es parecido el
resultado en el Consejo Universitario: los votos blancos, nulos y
viciados ganan con el 62.45% y la lista oficialista “ganadora” obtiene
sólo el 28.79% de los votos.
Pese al proceso electoral injusto y al fraude electoral, la
oposición profesoral y estudiantil obtuvo una alta representación en la
Asamblea universitaria y ganó en casi una decena de facultades. En
estos casos las autoridades mafiosas apelan a triquiñuelas y
arbitrariedades para impedir las elecciones de los decanos y la cúpula
universitaria nombra decanos a dedo, ilegales, ilegítimos e
impresentables.
La República
30 de mayo de 2013
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