1.
Nadie sabe a ciencia cierta como hizo el ejecutivo para morigerar sus cherris con los grupos mafiosos del congreso. Lo que si se sabe ahora, con exactitud, es que se ha abierto una nueva crisis en las alturas, esta vez a través de los desencuentros del gobierno con la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que a través de sendos documentos públicos, y desde sus respectivas funciones, han tomado distancia de la estrategia sanitaria vigente, para postular, muy sostenidamente por cierto un cambio en el manejo gubernamental de la emergencia. Crisis que se manifiesta en un contexto de pérdida acelerada de confianza en el gran timonel de la estrategia cuestionada, el presidente Vizcarra, que según los analistas habla mucho, pero ya no dice nada; en tanto que en el propio seno del gabinete comienzan a aflorar diferencias, explicables ante la evidente incapacidad para manejar la pandemia, que se ha desbordado por todos los poros de la sociedad, con sus miles de muertos y heridos, hambreamiento de los pueblos, colapso del sistema hospitalario, crisis económica, millones de desempleados, corrupción desenfrenada, y un terror ante el enemigo invisible que nos ha colocado contra la pared.
Si nos abstraemos del lenguaje empleado por sus respectivos líderes: pastoral el de la Iglesia, y fríamente rudo el de la Defensoría, ambas instituciones, comprometidas desde un inicio con la lucha contra la pandemia, llegan a una misma conclusión estamos ante un desastre. Lo que es más grave,se desprende de sus evaluaciones, el gobierno, renuente a la autocrítica y a escuchar voces diferentes a las de su entorno, da vueltas sobre medidas ya fallidas, como las cuarentenas y otras restricciones que se vienen aplicando manu militari.
2.
Hay que cambiar de estrategia, nos dicen tanto la Iglesia como la Defensoría. Para el cardenal, la ciencia tiene que asumir un rol rector en la misma. Es más, ya ha avanzado no solamente en las coordinaciones con prominentes especialistas en la materia, sino que hasta ha diseñado un cuadro de responsabilidades en comisiones que tendrán a su cargo la tarea de liderar el proyecto de resucitar al país. La Defensoría, por su parte está llamando la atención, en su crítica a la cuarentena, que esta medida no tiene ningún sustento científico. "Todo Estado que restrinja derechos tiene la carga de probar que la afectación con ello ocasionada no es más perjudicial que el beneficio obtenido", ha escrito el Defensor en la carta enviada al presidente Vizcarra.
¿Cómo implementar la nueva estrategia? La Iglesia y la Defensoría apelan a la unidad, aunque con algunos matices. El cardenal no solamente afirma haber coordinado con los hombres de ciencia, también tiene en cartera el compromiso del empresariado, pero asume que las diferentes instancias del Estado, como los gobiernos regionales y municipales deben jugar un rol de primer orden. Sin dejar de hablar el mismo lenguaje, en este tema, el tono de la Defensoría es otro, y crítico con el criterio de unidad que está manejando el gobierno. Por ejemplo, en cuanto al Pacto Perú, la niña de los ojos del presidente Vizcarra, para el Defensor es una propuesta que debe ser canalizada a través del Acuerdo Nacional. Para él, en medio de esta emergencia lo urgente es materializar un pacto nacional con las organizaciones de base del país: rondas campesinas, juntas vecinales, comités de vasos de leche, comedores populares, es decir con aquellas agrupaciones populares que ya tienen un historial de resistencia a las múltiples contingencias que han afrontado. El Estado debe articular la respuesta comunitaria a la emergencia que vivimos.
3.
Ante la carencia de otro tipo de alternativas sostenidas que puedan contrastarse con la estrategia fallida del gobierno, las iniciativas de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo, son importantes en si mismas por provenir de entidades que desde de un inicio de la emergencia han estado presentes en las primeras líneas de la pelea contra el Covid-19. Pero pueden ser también muy útiles para abrir un debate a todo nivel, pero muy especialmente en todos los espacios sociales populares en torno a las crisis que afrontamos, que no nos ha caído del cielo, sino que es consecuencia de un proceso de larga data en el que se entrelazan factores de orden económico, político, ideológico y cultural.
Desde ese ángulo es interesante que la Defensoría tome distancia de esa intentona interesada de responsabilizar exclusivamente a las poblaciones de la nueva fuerza que ha adquirido la pandemia en las últimas semanas. Esa actitud negativa, presente en el gobierno y en algunos sectores sociales, obvia dos cuestiones claves. Una de carácter coyuntural: la responsabilidad del mismo gobierno de ceder ante las presiones de la Confiep, para abrir la economía cuando los estándares de control de la pandemia para hacerlo, no se habían alcanzado; ni mucho menos se habían logrado paliar las necesidades económicas de las poblaciones urbanas y rurales. Y la otra cuestión, de carácter estructural e histórico: a las mayorías nacionales se les exige orden, disciplina, control, cuando el país mismo, su ordenamiento económico y social es un desmadre. ¿Alguien sabe que será del Perú de aquí a 20, 30 o 50 años? ¿Sabe alguien a donde nos lleva este capitalismo desbocado, que no sea el de ser siempre un simple exportador de piedras, o una república sin ciudadanos, o con ciudadanos de primera o segunda?
Hace muchos años y en otro contexto, el siempre locuaz Macera se equivocó al decir que el Perú "era un burdel" para referirse a la anarquía y desorden reinantes en esos momentos. Más de uno lo corrigió. Un burdel, le dijeron, es el negocio más ordenado que existe, desde la entrada hasta la salida del antro. Pero no pudieron negar el desorden. Al mismo Macera le pertenece otra frase: "El Perú es un país abortivo". Lo expresó para referirse a que ningún proyecto de país cuaja, los intereses particulares siempre son los que se imponen.
En estas condiciones, donde quienes se pusieron al mando del país nunca alcanzaron la estatura de clase dirigente, por ser simplemente una bandada de aves de rapiña, no existe autoridad moral para exigirle orden y disciplina a las poblaciones, salvo - como se está haciendo ahora- que se le ponga la metraca en la cara.
Puente Piedra, agosto de 2020
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