NO SE INVIERTE

EN REDUCIR PELIGROS

Aunque los terremotos no avisan, sí se puede pronosticar el daño que sufriría (nuevamente) el Perú si insistimos en ignorar su amenaza. El último viernes, El Comercio convocó a autoridades y a especialistas para discutir los riesgos que enfrenta el país y las tareas que hay que emprender antes de que se presente un sismo como el que golpeó a Chile. En la cita, la titular del MEF, Mercedes Aráoz, anunció incentivos orientados a evitar que las acciones de defensa civil sigan siendo ineficientes. Saltó a la vista que un obstáculo por superar son las diferencias de criterio dentro del gobierno.

1. Una política de Estado para integrar y fomentar acciones preventivas

Desarticulada e ineficiente: así describió la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Mercedes Aráoz, la labor actual de las entidades responsables de la prevención y atención de desastres. Un diagnóstico tan franco solo podía ser el preámbulo de un anuncio: su sector modificará el diseño del presupuesto público para obligar a los organismos involucrados a desarrollar acciones coordinadas y a cumplir metas en materia de defensa civil.

A través de un decreto de urgencia —que se podría emitir esta semana—, se creará el programa estratégico de prevención y atención de desastres. No se trata de nueva institución sino de una línea de trabajo permanente que estará incorporada en el presupuesto a partir del 2011.

Por ella, los gobiernos regionales, las municipalidades, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Senamhi, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y otras entidades claves, como los ministerios de Vivienda y Salud, tendrán que asignar parte de sus recursos a fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a las emergencias. Esto podría traducirse, por ejemplo, en inversiones públicas, pero también en la mejora de los mecanismos de fiscalización.

Según explicó Aráoz, el modelo es el Programa Articulado de Nutrición, que ha conseguido elevar los indicadores de alimentación donde se viene aplicando. Como en su caso, se empleará la metodología del presupuesto por resultados, que condiciona la entrega de fondos a los requerimientos de un plan con metas e indicadores claros y en el cual se integran los diferentes actores.

Al mismo tiempo, Economía y Finanzas incluirá el tema de la prevención en el programa de incentivos para municipalidades, el cual premia con fondos de libre disponibilidad el cumplimiento de determinados objetivos. Esta estrategia se ha utilizado para fomentar mejoras de gestión y este año repartirá S/.1.300 millones. Asimismo se contratará a unos 80 profesionales especializados para puestos claves a través del mecanismo de Servir.

Los anuncios fueron bien acogidos en la mesa redonda. “Yo he esperado 40 años para que haya una política de Estado de prevención de desastres”, dijo el sismólogo Julio Kuroiwa. “Suena bien lo que dice la ministra”, comentó el urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio, quien subrayó que para que funcione se requieren metas correctamente definidas y una instancia responsable.

2. Inversiones en infraestructura pública: hospitales, colegios y puertos

Javier Piqué, ex decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, sugirió que se priorizara el reforzamiento de los hospitales y de los colegios. Según indicó, en 1997 se elaboraron, por encargo de la Organización Panamericana de la Salud, estudios que encontraron vulnerabilidad en varios hospitales. Se dejaron listos los respectivos proyectos de intervención. “Desde esa época no se ha invertido ni un solo sol en reducir el peligro”, dijo, antes de enfatizar que reforzar sus estructuras costaría muchísimo menos que un establecimiento nuevo.

Según Piqué, las escuelas también son altamente vulnerables, incluidas las que se edificaron en la década pasada. Sin embargo, su seguridad se puede elevar con mejoras sencillas y económicas.
En tanto, Kuroiwa advirtió que el alto riesgo de que el Callao se destruya en un eventual terremoto —por las características del lugar— exige que se disponga de un puerto y de un aeropuerto alternativos. Para él la ubicación ideal es Pisco, debido a que es poco probable que se repita allí un sismo fuerte en los próximos años.

Walter Piazza, presidente de Capeco, respaldó la idea y destacó que entregar dicha infraestructura a manos privadas puede contribuir a dotarla de tecnología antisísmica de primer nivel.

3. Recursos extraordinarios para la atención de emergencias

Una propuesta del viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos López, dejó entrever las diferencias de enfoque que existen dentro del Ejecutivo. Ramos planteó que el Estado cuente con una entidad que asuma las tareas de reconstrucción y que, en tiempos de calma, se dedique a hacer preparativos con un mínimo de personal. Con relación a esto añadió: “Deberíamos pensar en un fondo que podría alimentarse con los saldos de cada sector a fin de año. Si hubiera habido un fondo en el 2008, en que no hubo un desastre grande, el dinero se habría resguardado y habría pasado para el 2009”.

A la ministra Aráoz se le notó incómoda. “No podemos trasladar recursos de un año a otro”, indicó. Para ella es preferible que se trabaje con los presupuestos ordinarios de cada sector.

De todos, ella señaló que, dentro del plan de contingencia del gobierno, se ha establecido un fondo anual de S/.50 millones para la atención de emergencias. Adicionalmente se ha conseguido una línea de crédito de US$1.150 millones del Banco Mundial, para enfrentar desastres de gran magnitud. Se está gestionando ante la Cooperación Andina de Fomento otros US$300 millones.

4. La responsabilidad de las municipalidades en la mitigación del riesgo

Si algo estuvo fuera de dudas en el diálogo es que los peruanos vivimos en constante amenaza. El 45% de la población duerme en viviendas de adobe, afirmó Kuroiwa. El peligro de la autoconstrucción se comprobó en Pisco, sostuvo Ramos. Los municipios permiten emplazamientos en sitios inseguros, lamentó Piazza. “Las municipalidades son un cero a la izquierda”, sentenció Javier Piqué.

Para los invitados a la mesa redonda los gobiernos locales están llamados a desempeñar un papel fundamental en la reducción del riesgo; tanto porque se requieren planes urbanos sostenibles como destacó Ruiz de Somocurcio, como por su obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas.

En este punto se desató la polémica. El representante del Colegio de Ingenieros fustigó la ley (29090) que permite en ciertos casos otorgar licencias de obra sin una revisión previa del proyecto. Piazza y Ramos defendieron la norma con el argumento de que acelera procesos.

El Comercio

07-03-10