No ha sido la primera, ni será la última vez que gruesos espacios del territorio nacional sean afectados por alguna calamidad natural. Esta vez han sido las lluvias supertorrenciales, los desbordes de los ríos y las avalanchas las que han sembrado el terror. Pero también podría tratarse de un terremoto o un maremoto, una sequía, un huayco, la erupción de un volcán o el desborde de una laguna. Lo cierto es que así como podemos afirmar que vivimos en un país dadivoso en recursos naturales, también podemos aseverar que las calamidades naturales hay que observarlas como las crónicas de desgracias anunciadas. Así ha sido desde tiempos inmemoriales, lo certifican arqueólogos e historiadores quienes llegan a sostener que sociedades como Chavín o Wari - no serían los únicos casos- desaparecieron a consecuencia de esos desastres. Lo que nunca ha existido, y ahora menos - lo confirman los especialistas- es una política nacional de prevención de calamidades. El terremoto de Pisco del año 2007 desnudó la indolencia estatal y la precariedad de un modelo económico que se ufanaba de sus logros materiales en esa región pero donde se desconocía la palabra prevención; lo que está ocurriendo ahora en Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, ratifica lo dicho con un agregado: sólo desde la irracionalidad de ese modelo, que considera el turismo como la gallina de los huevos de oro, se puede explicar que un poblado como Aguas Calientes - al pie de Machu Picchu- haya surgido y se haya expandido en el cauce de un río...
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