LA PELEA

DE FONDO

La docencia universitaria del país está en pie de lucha. A la fecha lleva más de seis semanas en huelga exigiendo lo que legal y moralmente le corresponde: el pago del último tramo de una homologación salarial establecida en la Ley Universitaria 23733, de 1983, pero burlada por los gobiernos que se han sucedido hasta el presente. La huelga, según los profesores de la Universidad de San Agustín de Arequipa, es más fuerte en provincias que en Lima; pero en este último tramo, en la capital de la República, merced a las movilizaciones de la comunidad universitaria y pronunciamientos diversos, ha logrado captar la atención de la ciudadanía, ante la cual ha quedado al descubierto la doblez de un gobierno que habla de ciencia, cultura y desarrollo, pero que en la práctica está demoliendo la universidad pública - la convocada a ser la gran protagonista en ese proceso de cambio- en beneficio de las privadas, en especial de las que abiertamente, gracias al decreto ley 882 de 1996, se han constituido exclusivamente para lucrar.

El poder de estas últimas ha quedado evidenciado recientemente con el descubrimiento de la escandalosa relación establecida por la Universidad Alas Peruanas con connotados representantes de los poderes públicos, en particular con los del partido gobernante, que explicaría el explosivo crecimiento de dicha casa de estudios. Según el profesor sanmarquino Zenón de Paz, Alas Peruanas tiene 26 sedes en el país, que funcionarían sin autorización expresa de los organismos competentes, habiendo recibido 15 000 ingresantes en el primer proceso de admisión de este año, engrosando una población estudiantil que está superando la de San Marcos, la primera universidad pública peruana, que le reportaría a los dueños de esa Universidad- según el diario la República- un ingreso mínimo mensual de 40 millones de soles.

Desde una perspectiva neoliberal, universidades de esa naturaleza, aparte de constituir un excelente negocio, resuelven sus requerimientos de cuadros y operadores en el ámbito privado y público. Los fines de ellas, que no destacan por la búsqueda de una verdadera solvencia académica, menos por la de un espíritu crítico y reflexivo, tan necesarios en nuestro país, encajan perfectamente con los propósitos de un orden en el que una inescrupulosa lógica del mercado ha sido elevada a los altares.

En este contexto, las universidades estatales, caracterizadas por su filo contestatario, son una peligrosa carga, de ahí su abandono; lo que explica, además, la sistemática renuencia de las autoridades gubernamentales a discutir y aprobar una nueva Ley Universitaria - la vigente se enmarca en la Constitución de 1979, derogada en 1993- que en el plano legal canalice la nueva orientación de la universidad peruana en las actuales condiciones del desarrollo científico, tecnológico y cultural, cara al futuro del país. Discusión, que inevitablemente pondría en jaque la naturaleza y alcances de las universidades-empresas., totalmente reñidas con los objetivos de una verdadera educación universitaria.

Por eso consideramos que con toda la importancia que tiene la huelga docente por la homologación, ésta, en el marco de una visión integral y de largo plazo de la universidad peruana, debe constituirse en el primer escalón de una gran pelea por lograr que la universidad pública peruana recupere el posicionamiento perdido, que pasa por exigir la dación de una nueva ley universitaria y un nuevo compromiso del Estado para el cumplimiento de la misma; pero que supone también, internamente, poner en tensión todas las fuerzas intelectuales y académicas que permitan la realización de planes estratégicos que tengan como ejes operativos el impulso de la investigación científica, el aporte tecnológico y la creación cultural en todas sus expresiones.

Desde esta óptica, la universidad pública no puede continuar siendo una fábrica de profesionales. Tiene que pasar a ser un centro fundamental de investigaciones del mayor nivel, relacionadas todas ellas con los requerimientos de desarrollo del país, en el que tanta importancia tenga investigar el quechua de Porcón y Chetilla en Cajamarca, como la física de los estados sólidos; única manera, además, de recuperar con prestancia la voz en el debate nacional y regional sobre los principales problemas económicos y sociales que atraviesan nuestros pueblos y las alternativas para superarlos.

Al neoliberalismo no le interesa que la universidad investigue porque éste es el único camino hacia la verdad en todos los planos del quehacer social; o si la promueve lo hace desde una visión utilitarista, despojada de toda emoción social, en el que los seres humanos y sus peripecias son simplemente datos. Carlos Boloña, hoy políticamente en desgracia, aunque sus ideas sigan vigentes en el Perú oficial, escribió en los años 90 que en el plano de la economía ya no había nada que investigar, que lo que el país tenía que hacer era simplemente aplicar las fórmulas exitosas de los países europeos y asiáticos. Son estas fórmulas las que hoy están en cuestión, golpeados como están esos países por una crisis económica propiciada por la aplicación de políticas económicas cuyas matrices teóricas son las mismas que en los años 90 defendía Boloña y que hoy deben ser rigurosamente escudriñadas.

Son esas las razones por las cuales se afirma que la verdad en el Perú es subversiva, en tanto que pone al descubierto las falacias en las que se sustentan teorías y prácticas que recrean la dependencia económica, el subdesarrollo, las desigualdades sociales, la pobreza material y espiritual. La universidad pública tiene ese encargo y hasta antes de su abandono lo asumió con creces. San Marcos, la universidad decana siempre dijo ¡presente! como también la UNI o la Agraria, sin desmerecer universidades provincianas emblemáticas como las de Arequipa, Cusco, Huamanga o Trujillo, que asumieron ese desafío no sin antes procesar reconversiones académicas internas para ganar la solvencia teórica y metodológica indispensables para acometer esas tareas.

La confrontación externa para arrancar reivindicaciones como la de la homologación o mayores rentas para la universidad pública no se opone al sacudón intelectual interno, al enjuiciamiento crítico de lo actuado y la adopción drástica de los correctivos académicos y de gestión que se orienten a la reconversión señalada. A pesar de las limitaciones presupuestales - el Estado solo participa del 50% de esos presupuestos porque el resto proviene de los llamados recursos generados por las propias universidades- es posible ese giro, hay experiencias saludables sobre el particular.