UN CACO

En buen romance, si nos atenemos a la sentencia del tribunal que ha juzgado al ex Presidente Fujimori, el Perú, ha tenido como Primer Mandatario a un caco, a un vulgar ladrón, de cuello y corbata es cierto, pero ladrón al fin y al cabo. Que su delito, de acuerdo al fallo, sea tipificado, en la siempre enrevesada jerga judicial, como "peculado", no lo libra de someter este concepto al juicio del diccionario de la Real Academia española, que señala que el peculado es una malversación de los fondos públicos, pero que en el caso del sentenciado- siempre de acuerdo a la Real Academia- por las características del delito, debe aplicársele las dos acepciones de la palabra malversar: una, que tiene que ver con la sustracción de los caudales públicos, y dos, con el gasto indebido en el que ha incurrido.

Concretamente, Fujimori le robó al Estado 15 millones de dólares para entregárselo a su compinche: Vladimiro Montesinos.

Algo más, de acuerdo a la sentencia Fujimori actuó con premeditación, alevosía y ventaja, que en el lenguaje del Tribunal se lee: "La naturaleza de las acciones ilícitas realizadas denota un modus operandi premeditado y adecuadamente planificado, orientado a lesionar el deber de garantía, protección y aprovechamiento del patrimonio de la Nación", que lo llevó a falsear la realidad - un supuesto avance de las FARC en la frontera norte, delito que el verbo forense califica como falsedad ideológica- para darle contenido al Decreto de Urgencia 081-2000, que usó para conseguir el dinero que tenía como destino final las faltriqueras de Montesinos.

Es decir, los peruanos hemos tenido como inquilino de Palacio de Gobierno a un sujeto cuya conducta delictiva, en esencia, no se diferencia en nada del proceder del Cholo Coropuna, o de Patita de cuy, conocidos caseritos de las páginas policiales de los diarios capitalinos.

Porque además, siempre en el marco de la sentencia, Fujimori actuó en banda para cometer su latrocinio ( o latrocinios, porque según el ex Procurador Ugaz, lo robado al fisco bordearía los 1 200 millones de dólares). Argumenta el Tribunal que en los hechos delictivos intervinieron una pluralidad de personas "todas ellas de alto nivel, en el manejo y administración de recursos públicos, las que, además, fueron concertadas, coordinadas y dirigidas por el propio acusado", usando y abusando de su "privilegiada posición de Presidente de la República". Como jefe de banda, el cholo Coropuna no lo hubiera hecho mejor.

Finalmente, al igual que cualquier encallecido malhechor, Fujimori no ha mostrado arrepentimiento, y muy por el contrario -señala el Tribunal- introdujo "un relato de los hechos que si bien admite, como no podía ser de otro modo, la apropiación de los fondos públicos ...también incorporó circunstancias que tienden a distanciar u opacar su rol directivo".

Con ese mismo cinismo embaucó -con el auxilio del APRA- a los electores de 1990 con su monserga de Honradez, tecnología y trabajo, para luego de apoltronarse en el sillón de Pizarro, dar un giro de 180 grados, haciendo todo lo contrario de lo que prometió no hacer. Sobre esa conversión éticamente cuestionable, Carlos Boloña escribiría "...El Perú debía cambiar y el ingeniero Alberto Fujimori había tenido el sentido de percibir la necesidad de estos cambios, al punto que no le importó contradecir sus propias ofertas electorales" (Cambio de rumbo, p. 25).

Como sabemos, Boloña terminó de compinche de Fujimori en la sustracción del dinero para Montesinos. En su calidad de Ministro suscribió el Decreto de Urgencia arriba citado, siendo sentenciado por peculado, falsedad ideológica y asociación ilícita, proceso en el que Fujimori fue considerado como reo ausente, por estar fuera del país.