Sin abdicar de sus funciones académicas, muy por el contrario partiendo de ellas, para demostrar al mundo que una verdadera universidad tiene la obligación de construir ciudadanía y por ende hacer política en el más alto sentido de la palabra, la Universidad de Cajamarca, a través de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, acaba de convocar al país a pronunciarse en torno a los luctuosos sucesos acaecidos en esa ciudad el jueves 30 de octubre, donde perdiera la vida - a manos de la policía- el ciudadano Fidel Flores Vásquez, mientras sus familiares y vecinos sufrían una golpíza salvaje.
En tanto que el resto de universidades, incluyendo a las más encopetadas, no dejan de mirarse el ombligo, la Universidad de Cajamarca ha llamado a las universidades, gremios, colegios profesionales, colegios de abogados, a pronunciarse para impedir que la agresión policial - vejatorios de los derechos fundamentales a la vida, a la salud e integridad física, a la libertad, de la que gozan los ciudadanos peruanos- se extravíen en el reino de la impunidad, como ha ocurrido con otras violaciones a los derechos humanos que se han producido en el mismo Cajamarca, como en otros puntos del país.
La declaración cajamarquina es contundente. A juicio de la Universidad en los repudiados actos del 30 se ha violentado la Constitución Política del Perú en lo que se refiere derechos fundamentales de la persona, los tratados internacionales y otras normas que salvaguardan los derechos humanos a nivel planetario. Por ello es que la Universidad exige que se investigue y sancione a los responsables de esas transgresiones que ha enlutado, una vez más, a la histórica ciudad de Cajamarca.
Pero, el documento no queda ahí. La Universidad está exigiendo que se revise el sistema de formación policial imperante en el país para dotar "a los efectivos policiales de las capacidades psicológicas y de conocimientos en manejo de armas, en gestión de conflictos y de normas constitucionales protectoras de la persona".
La Universidad no lo dice, pero es indudable que el espíritu de ese párrafo enfila contra la irracionalidad de la lógica que mueve a los efectivos policiales y que en Cajamarca los lleva a considerar "como perros" a los cajamarquinos que se oponen al proyecto Conga o que simplemente salgan a la calle a defender sus derechos ciudadanos.
La cereza, sin embargo, está en el pedido de examinar la derogatoria de la ley 30151, que le da el marco legal a los efectivos policiales y militares para hacer uso y abuso de sus armas ante cualquier conflicto social en el que intervengan. Dicho centro de estudios no está exigiendo la derogatoria, está planteando la revisión de la norma; es más ofrece sus ambientes para la realización de los debates correspondientes a fin de elaborar las "propuestas de modificación o derogación" de la ley mencionada.
En otras palabras, la universidad cajamarquina no solamente está exigiendo que se investigue y sancione a los autores materiales e intelectuales del asesinato del ciudadano Fidel Flores; también nos dice - a diferencia de algunas manifestaciones de rechazo a los sucesos del 30 de octubre- que hay una norma que ampara esos abusos, sancionada por este mismo gobierno - la ley, del 17 de diciembre de 2013- está suscrita por el presidente Humala y los congresistas Fredy Otárola y Carmen Omonte, en su calidad de máximas autoridades del congreso- y que es una verdadera puerta abierta para el asesinato, en tanto que exime de responsabilidad penal a los efectivos policiales y militares que en "cumplimiento de su deber", haciendo uso de sus armas, causen "lesiones o muerte".
Los responsables materiales e intelectuales de lo ocurrido en Cajamarca, bien pueden acogerse a este dispositivo legal. Luchar contra la impunidad pasa entonces por exigir sanción contra ellos, pero al mismo tiempo por luchar por la derogatoria de tan nefasta disposición.
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